Grupo Pirámide

La justicia de Yucatán le dio un contundente revés a una supuesta banda que traficaba tierras. Uno de los procesados tiene el mismo apellido que el caso de despojo en Tulum, donde un ejidatario perdió casi 80 hectáreas de tierra de alta plusvalía de la noche a la mañana, en una triangulación entre empresarios yucatecos y actuales servidores del gobierno de Diego Castañón.

Información publicada en el prestigiado Diario de Yucatán, confirma que la Segunda Sala Colegiada Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ordenó la vinculación a proceso del presunto traficante de tierras ejidales Gabriel Guzmán Millet y de otras dos personas, todas acusadas de falsificación de documentos y uso de documentos falsos, en el que aparece la participación de notarios en la elaboración de documentos apócrifos.

El modus operandi en Quintana Roo es idéntico al que reseña la prensa yucateca: mediante documentos falsos las tierras fueron puestas a nombre de “nuevos propietarios”, para luego darlas de alta en el Registro Público, donde también existen involucrados.

De acuerdo a la denuncia formulada en Quintana Roo por el abogado Javier Tun, a nombre de Cayetano Nieto Colín, a través de esta maniobra legaloide realizada entre Progreso, Chetumal y Tulum, los lotes quedaron a nombre de Grupo Ferram, SA.de CV, integrada por Andrés Millet González, Roberto Fitzmaurice Lubcke y Roger Alberto Evia González.

Involucrados

Por esta causa fueron convocados a declarar actuales funcionarios de la administración de Tulum, de los cuales, sólo uno se reservó el derecho de declarar: Denis Alaín Jiménez Santos, uno de los supuestos compradores, esposo de la actual regidora Paulina Yadira Malpica Yañez, quien es presidenta de la comisión de la comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Ambiente y Protección animal. Figura ahora con cinco hectáreas en su haber.

Según la denuncia fueron llamados a comparecer los “nuevos compradores”, entre los que figura el exasesor de Castañón, Edgardo Alberto Díaz Aguilar, quien ya no reside en Tulum, según confirmaron fuentes; además, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez, quienes figuran en un bloque de terrenos; en otros lotes del mismo paquete están: Denis Alaín Jiménez Santos, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez. Además de Sandra Irene González y Ana Yamilett Espinosa Ponce.

Para el abogado de Nieto Colín, tanto el director de Catastro como el de Desarrollo Urbano de Tulum, hicieron las gestiones con una extraña celeridad para facilitar el registro del inmueble en el municipio. “En 14 días estaban hechos los papeles”, precisó el abogado, que indicó que fueron citados a declarar Rubén Raziel Ek Cruz (titular de Catastro) y José Antonio Miranda (Desarrollo Urbano), quienes no se habrían presentado. En la Mañanera de AMLO trascendió que Miranda habría sido separado del cargo, algo que no sucedió y ahora su hermano, Antonio Miranda Miranda milita en el Partido Verde, donde forma parte del activismo.

Extraña compra-venta

El Diario de Yucatán, en un extenso reportaje, confirma que Gabriel Guzmán Millet se dedica desde hace 25 años a la compra y venta de tierras ejidales y a su nombre se encuentran cientos de predios en Mérida, Progreso, Yaxkukul, Conkal, Baca, Samahil, Chicxulub Pueblo, Umán, Samahil, Mocochá, Hunucmá, Tixkokob e Izamal.

“Muchos de los predios están vinculados a denuncias de fraude, falsificación de documentos oficiales y despojo, lo que ha derivado en denuncias mercantiles y penales en su contra, pero pocas han prosperado hasta ahora”, dice el artículo del pasado 23 de octubre.

Como en el caso de Tulum, donde se utilizaron firmas de notarios fallecidos y registros que no coinciden con el número de actas expedidas por las notarías, en Yucatán, la defensa exhibió un peritaje que prueba que determinó que las firmas son falsas y aportó elementos para demostrar que, por lo menos, uno de los testigos de la firma del contrato está ligado estrechamente con Guzmán Millet.

En Quintana Roo la causa parece estancada y los funcionarios continúan en sus puestos, después de la denuncia que fue dada a conocer por Grupo Pirámide en junio pasado, incluso, trabajan para la reelección en el proceso 2024, como parte del equipo del Partido Verde.

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