Denuncian activistas el avance acelerado de un presunto desarrollo inmobiliario ubicado cerca de Akumal, en el municipio de Tulum, lo que podría representar el inicio de una nueva afectación a la selva sin que exista evidencia pública de los permisos ambientales federales requeridos.
La periodista y abogada Fabiola Cortés Miranda; y el activista ambiental Elías Siebenborn, revisaron las publicaciones de la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) correspondientes al periodo de 2024 a la fecha, sin localizar alguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) relacionada con el predio.
El proyecto está ubicado a casi dos kilómetros del poblado de Akumal, sobre el camino que conduce a Uxuxubi. La remoción de la vegetación deja al descubierto una extensa superficie intervenida. De acuerdo con un trabajador que se encontraba en el sitio, los trabajos corresponden a un desarrollo inmobiliario, relataron recientemente en una publicación en sus redes sociales.
La ausencia de un proyecto identificado en ese registro público genera cuestionamientos sobre la legalidad de las obras y las autorizaciones con las que se realizan los trabajos, particularmente por la magnitud del despalme y la rapidez con la que ha avanzado la intervención, indicaron.
En versiones recogidas por los denunciantes señalan que el desarrollo sería impulsado por un ciudadano de origen español y que presuntamente tendría entre sus socios a actores políticos. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado documentación pública que confirme la identidad de los promoventes ni la participación de las personas mencionadas.
Genera Tren Maya creciente presión inmobiliaria
Además, el desarrollo se encuentra cerca del trazo del Tren Maya, una zona que ha experimentado una creciente presión inmobiliaria y turística.
Para los activistas, la expansión de nuevos proyectos amenaza con profundizar la pérdida de cobertura vegetal y aumentar los riesgos sobre el sistema hídrico subterráneo característico de la Riviera Maya.
Ante esta situación, hicieron un llamado a la Semarnat y a la Profepa para realizar una inspección, transparentar la información sobre el proyecto y determinar si los trabajos cuentan con las autorizaciones ambientales necesarias o si proceden medidas para detener posibles afectaciones.
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