Grupo Pirámide
Un adulto mayor fue despojado en Tulum de 179 hectáreas mediante la falsificación de documentos y colusión de servidores que hicieron, trámites que llevan meses, en cuestión de días.
La historia comenzó cuando don Cayetano Nieto Colín descubrió que no debía ni un solo peso de predial de su terreno con 900 metros de pie de carretera, sencillamente, porque ya no era de él.
Se lo habían adjudicado, mediante títulos y compra-ventas falsos, al menos, una empresa moral, Grupo Ferram, que la integran Andrés Millet González, Roberto Fitzmaurice Lubcke y Roger Alberto Evia González; además de las personas físicas Edgardo Alberto Díaz Aguilar, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez, Denis Alaín Jiménez Santos, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez, Sandra Irene González y Ana Yamilett Espinosa Ponce. Todos quedaron como dueños de 148 hectáreas de las 179.
Conflicto de intereses
Como resultado de las investigaciones, resultó que Denis Alaín Jiménez Santos, uno de los “compradores” es esposo de la actual regidora del ayuntamiento de Tulum, Paulina Yadira Malpica Yañez, quien es presidenta de la comisión de la comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Ambiente y Protección animal.
De acuerdo con el acta en poder de este portal se casaron el 19 de septiembre de 2020 y, ya bajo matrimonio al momento de la “compra”, se quedaron con cinco hectáreas con la supuesta escritura pública 774 del 1 de julio de 2022.
Los funcionarios municipales involucrados en esta operación son el titular de Desarrollo Urbano, Lorenzo Miranda Miranda, quien es hermano del oficial mayor, Antonio Miranda; en tanto, la dirección responsable de la subdivisión en catastro está a cargo de Rubén Raziel Ek Cruz. Son los servidores públicos que firman los documentos para que las hectáreas pasen, en tiempo récord, a manos de otros dueños.
De acuerdo con la ampliación de la denuncia ante la fiscalía (folio 8144/2022), los servidores violaron la ley estatal de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además del presunto conflicto de intereses y falsificación, en una operación llevada a cabo cuando el actual alcalde, Diego Castañón, era el tesorero de la administración. Es decir, tenía a su cargo varias dependencias involucradas en las operaciones, entre ellas y la principal: catastro.
También en la investigación estaría involucrada la ex titular del registro público, Laila Flores, que habría operado su participación a través de Irene Cenicero González.
Lo que se preguntan los abogados, ¿el alcalde es rehén o cómplice de todos estos movimientos en la administración municipal?
Por lo pronto, los involucrados deberán comparecer a dar testimonio de su probable participación en la llamada mafia inmobiliaria, cuyos tentáculos van desde Yucatán a Tulum y crecen cada vez más y más. ¿Hasta dónde llegarán?
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