No son pocas las empresas de medios que nacieron y se ampararon al calor del poder político, para obtener amplios beneficios jurídicos y económicos.

Por Luciano Núñez

La película The Post (2017), dirigida por Steven Spielberg, revela ese tenso cruce entre gobierno y medios de comunicación, que toca fibras por demás sensibles cuando se entremezclan los intereses del poder político con la libertad de expresión.

Para no “espoilear” el filme, sólo se diré que The New York Times logra una primicia de altísimo impacto social sobre la guerra de Vietnam. Sin embargo, el gobierno intenta por todo medio ahorcar al medio de comunicación para detener la información, y ahí aparece The Washington Post, para dar equilibrio a una lucha tan desigual en fuerzas, y hace una alianza para privilegiar el verdadero valor de los medios de comunicación:  la libertad de información y libertad de expresión, en el sentido más alto de la palabra, dos valores que están expresados en la Constitución Mexicana, en sus artículos 6 y 7.

La prensa no en vano ha sido llamada el cuarto poder: se trata de un eslabón sumamente importante en las democracias, en lo que se refiere a la conformación de la opinión pública y la toma de decisiones; así como ayuda a la construcción de un sistema que tenga sentido. La opinión pública debe permanecer no sólo en unas manos, como en el pasado, sino en varias visiones que aporten a ese equilibrio que otorga legitimidad al sistema.

Quintana Roo ha sido noticia nacional en los últimos días por la detención de uno de los dueños de un medio de comunicación, Carlos Canabal, ya procesado, quien fue alcalde interino en Benito Juárez, Cancún.

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Negocios y más negocios

Confirman los colegas que, unos meses después de dejar el cargo público (donde aprobó numerosos cambios de uso de suelo de manera irregular), se erigió como empresario de medios (sin ninguna experiencia ni preparación previa) y siempre lo hizo al calor de grupos políticos, principalmente en los sexenios de Félix González Canto y Roberto Borge.

En el trienio de Paul Carrillo, el empresario obtuvo además (sin ninguna experiencia ni preparación previa) la concesión del servicio de recolección de la basura, empresa que puso al borde de la contingencia ambiental a Cancún, y cuyo contrato fue cesado por la actual gobernadora Mara Lezama.

Durante su meteórico ascenso como empresario de medios, nos aseguran que acumula cerca de un centenar de demandas laborales, sin que ninguna de ellas haya procedido a la fecha. Ahora, ¿puede un gobierno mantener como aliado, en lo que se refiere a un bien tan relevante como la información pública, a una empresa con tales antecedentes? Sí. ¿Debería?: No.

En los últimos años han proliferado medios de comunicación cuya única finalidad es amasar fortunas, algunos de ellos publicando información tergiversada, falsa o carente de todo sustento legal. La libertad de expresión no implica que exista un cheque en blanco para difamar o lastimar la imagen pública de las personas (morales o físicas), también protegido en la Constitución. El rigor informativo es un alto valor periodístico, tantas veces vapuleado, o por ambición o escasa formación de improvisados comunicadores, valga decirlo.   

Si bien los medios de comunicación son empresas que obtienen beneficios económicos, el valor esencial radica en su aporte social y la aproximación al subjetivo concepto de verdad, paradójicamente, el nombre de este medio de comunicación cuestionado, que además, me consta, no publica réplicas por groseras imprecisiones, ni muchos menos otorga crédito alguno cuando publica información ajena.

Este caso no hace más que exponer lo que por años se sabía: la sociedad de ex gobernadores (sin contratos de por medio) para obtener amplios beneficios: impulsar su imagen propia y la de candidatos afines, lucrar con la información (que es un bien público); otorgar amparo a empresarios en detrimento de los verdaderos trabajadores de la comunicación, e impulsar empresas que no brindan servicios de calidad, con el único objetivo de amasar groseras fortunas malhabidas.

Lo paradójico es que el empresario nunca fue llamado a rendir cuentas por vulnerar derechos laborales, sino por abusar de la confianza de socios y estafar al municipio.

La información pública y la libertad de expresión son dos conceptos sobre los que vale la pena escribir, hablar y reflexionar, sobre todo, desde el poder gubernamental, para no repetir errores que, cuando salen a la luz, nos devuelven un reflejo que  asombra, no precisamente en el sentido de The Post, sino en el contrario. Espanta saber a quién financia el dinero público.

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* Luciano Núñez Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado en géneros periodísticos en La Salle, Cancún, e Historia de Quintana Roo en la Universidad del Caribe y Sociedad Andrés Quintana Roo. 

Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven, Tan Lejos y Otra Vez en Casa y la novela Magnificens Cancún, editada por Miguel Ángel Porrúa. 

Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.  

Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.

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