Por Jaguar Negro

A finales de mayo Grupo Pirámide publicó la cadena de ilegalidades que se cometieron para despojar a un adulto mayor de 179 hectáreas de alta plusvalía en el municipio de Tulum.

En la llamada “red de despojo” están involucrados empresarios y personajes yucatecos, quienes habrían falsificado documentos para registrar, en tiempo récord, y con ayuda de funcionarios estatales y municipales, todas estas hectáreas a nombre de otros empresarios y, lo más llamativo, actuales funcionarios del gobierno del alcalde interino, Diego Castañón.

Entre ellos, nada menos que su coordinador de asesores, Edgardo Díaz Aguilar, ex tesorero en la administración de Víctor Mas Tah, además de la sexta regidora, Paulina Yadira Malpica Yañez, cuyo esposo ahora es “dueño” de una extensa fracción de las hectáreas que pertenecen, según documentos oficiales, a don Cayetano Nieto Colin.

También están involucradas la ex titular del Registro Público de la Propiedad, Layla Lorena Flores Terrazas, y Solangel Alonso Madrigal, quien fue el registrador. Todos, llamativamente son cercanos al ex gobernador Carlos Joaquín González, hoy diplomático de la 4T en Canadá.

La noticia se fue expandiendo, y hoy, es retomada en portada por un impreso que vuelve a exhibir la “red del despojo”, como la ha llamado el abogado Javier Tun Jiménez, abogado del denunciante.

Pasan por Ministerio Público

De acuerdo con información de último momento, serán 8 los involucrados que pasarán a declarar en el Ministerio Público (MP) de Quintana Roo, entre ellos, hoy lo hizo el arquitecto Denis Alaín Jiménez Santos, esposo de la sexta regidora, Malpica Yañez, y el miércoles Raciel Ek Cruz, director de catastro. Hoy también lo haría el asesor Díaz Aguilar, esposo de la octava regidora Eva Rocha Gered.

Además, seis de los 8 declarantes ante la Fiscalía de Quintana Roo deberán pasar por la Fiscalía Anticorrupción, debido a que son actualmente funcionarios públicos, y otros, lo fueron en el sexenio pasado, pero todavía tienen responsabilidades.

El abogado del damnificado se pregunta, ¿Al haber sido tesorero del municipio, Edgardo Díaz Aguilar, acaso no tenía conocimiento de que esas tierras tenían un legítimo dueño?

Y, si compró de buena fe, ¿por qué no denunció cuando los medios publicaron la noticia?

O ¿Por qué si no existía ni pago de predial las autoridades del Registro Público expidieron los nuevos folios para que las hectáreas pasen a nuevas manos?

Todas estas y otras preguntas deberán ser respondidas por los involucrados en esta “mafia inmobiliaria”, como la han denominado y la pregunta final: ¿Seguirán después de estos señalamientos en el gobierno municipal? ¿Confiará la ciudadanía en que los señalados quieren lo mejor para Tulum?

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