En medio del escándalo ocasionado por la revelación de presuntas irregularidades en la adquisición de su residencia, la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, sostuvo en el Senado que no hay conflicto de intereses, pese a que la casa se ubica en un fraccionamiento que ella misma autorizó cuando fue delegada en Miguel Hidalgo.

La dirigencia de Morena en la Ciudad de México exigió a la alcaldía Miguel Hidalgo clausurar y demoler el conjunto habitacional en el que vive Gálvez, virtual candidata a la Presidencia por la alianza opositora del Frente Amplio por México.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por senadores del PAN, Xóchitl cayó en contradicciones al afirmar primero que sí dio los permisos para la construcción de ese desarrollo inmobiliario y luego lo negó.

De acuerdo con la panista, los señalamientos y acusaciones por parte del oficialismo se deben a una estrategia para desprestigiarla, sobre todo ante el “repunte” en las encuestas de la candidata opositora. Ante esto, retó al partido guinda a demoler su casa, como en su comunicado lo habrían solicitado.

“La ley sí es la ley para mi y yo los reto a que me la demuelan, saben que estamos subiendo en la encuestas y eso los tiene muertos de miedo. Ya me mandaron todos sus voceros, a sus gobernadores de Oaxaca, al de Sonora...”, destacó.

Reiteró que no hay nada ilegal en eso y su explicación de por qué obtuvo la casa en menos de 10 millones de pesos, cuando su valor era de 14 millones en 2021, su respuesta fue porque la adquirió en preventa tres años antes, “por eso salió más barata”.

Sin embargo, agregó: “Un notario público hizo el avalúo y el precio real fue el que pagué. Aquí no hay truco”.

De entrada, reconoció que en su gestión otorgó el aval para que se edificara el fraccionamiento

“La manifestación es legal, no tendría por qué no darla”; luego expresó que no autorizó la construcción del conjunto habitacional en el que ahora reside y se enredó en explicaciones confusas. “Los delegados no autorizamos, usted manifiesta bajo protesta de decir verdad, va a una ventanilla, le revisan los documentos, el certificado de uso de suelo es legal. Los permisos de agua y todo son legales, ¿por qué no le vas a permitir a alguien que manifiesta algo? O sea, no es ilegal”.

Explicaciones similares dio cuando se le insistió sobre el tráfico de influencias y el conflicto de intereses en que habría incurrido, por lo que tuvo que contestar que no hay, “porque el uso de suelo es legal”.

Es la del moche

En tanto, el ex delegado de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo dijo que “se trata de la casa roja, del moche y de la corrupción”, al asegurar que la demarcación que gobierna el panista Mauricio Tabe “lleva dos años tolerando una ilegalidad”.

La alcaldía Miguel Hidalgo admitió que la propiedad, ubicada en Sierra de Santa Rosa 62, colonia Reforma Social, no cuenta con el trámite de autorización de uso y ocupación, mientras Romo señaló en entrevista que cuando fue delegado no se otorgó dicho permiso porque detectó “algunas irregularidades”, entre las cuales la construcción no cumplió con el área libre y que la propiedad excede el volumen de construcción.

“El uso y ocupación es como tener un carro y no contar con la tarjeta de circulación, así que la casa roja no se puede habitar, pero sí tiene que asumir que es ilegal y sí debe pagar su multa”, al insistir en que Gálvez ha tenido dos años para obtener dicho permiso.

Refrendó que la senadora compró la casa roja “con un descuentazo”, ya que del costo original de alrededor de 15 millones de pesos sólo pagó cerca de 9 millones, los cuales fueron en un millón y medio en efectivo y un crédito que obtuvo por 8 millones de pesos, los cuales pagó en ocho meses.

Antes de la adquisición, Gálvez aseguró que si no terminaba la administración en la entonces delegación Miguel Hidalgo, en el periodo 2015-2018, donaría la propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec al Colegio Salesiano, pero “ahora nos enteramos que donó poquito y que como se trata de un acuerdo privado no nos va a decir, cuando es una servidora pública y está obligada a cumplir con la transparencia, mientras el resto de la propiedad dijo que lo vendió a Mariana Gómez del Campo, sobrina del ex presidente Felipe Calderón, pero se trata de una compra simulada”.

Añadió que “Gálvez mintió al no cumplir con la promesa de la donación al Colegio Salesiano; además, no es transparente y la propiedad no tiene autorización de uso y ocupación, por eso se le va a ir cayendo el teatrito”.

Por su parte, la alcaldía indicó que no tiene el permiso de uso, por lo que la ocupación no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues la sanción sólo corresponde a una multa económica la cual se aplicaría al desarrollador y al director responsable de obra, pero no al comprador. Con información de La Jornada y El Financiero.

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