Por Jaguar Negro
El Congreso del Estado de Quintana Roo ha armonizado la Ley de Movilidad local a la Ley Federal, emitida por el Congreso de Unión para que sea el Estado, a través del Instituto de Movilidad, el que cobre las licencias de conducir. Esto ha generado una tensión con los municipios, dado que se trata de recursos económicos y, el bloque opositor de la legislatura: Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI, al que se sumó Julián Ricalde Magaña, en teoría miembro de la 4T, se opusieron a la iniciativa.
¿Qué es lo que pasaba con estos recursos?
El origen de la normativa tiene su fundamento en la obligatoriedad de las legislaturas de las entidades federativas para armonizar normas locales con normas de carácter general; pero, además tiene un fuerte componente en el control de la corrupción.
Actualmente existen municipios en los que hacerse de una licencia de conducir falla en sus controles, y además, genera un ingreso “paralelo” que no va a parar precisamente a las arcas del gobierno, así como sucedía en Benito Juárez en administraciones como la que encabezaron Paul Carrilo y Remberto Estrada Barba, quienes mantenían doble registro de ingresos en prediales, derecho de alumbrado y licencias.
Cuando Mara Lezama entró a su primera administración municipal tuvo que hacer un “barrido de raíz” para sacar ese control que había estado por años en manos ajenas al gobierno, y por ello, de la mano del hoy diputado Hugo Alday, impulsó el primer gobierno digital del estado de Quintana Roo conocido como #CancunMovil E #Ecun, poniendo un freno a estas malas prácticas.
Falencias en Tulum
Debido a la resistencia de las autoridades para mantener un adecuado control, cientos de extranjeros indocumentados han acudido al municipio de Tulum para adquirir licencias de manejo, dado que “no exigen papeles”, simplemente con un pago pueden acceder al documento oficial que habilita para diversos trámites oficiales.
Misma situación se da con las placas de José María Morelos, donde esa autonomía municipal se ha convertido en una ventanilla de negocios particulares. Un ejemplo de malas prácticas en esta materia lo tiene el estado de Morelos, lo que se puede constatar con la cantidad de vehículos que transitan a lo largo del país con placas de esa entidad, muchos de ellos con reportes de ilícitos en otros estados.
Si bien la normativa federal que se armoniza en Quintana Roo, como lo explicó el abogado Hugo Alday y también diputado, pudiera en algún momento violar la autonomía municipal, esto podría impugnarse hasta el primer acto de aplicación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no así por parte del congreso local.
¿Qué municipios están hoy por hoy en condiciones de impugnar?, ¿Acaso Isla Mujeres, cuya alcaldesa Atenea Gómez Ricalde quiere hacer su paso triunfal a la 4T, y cuyo tío acaba de votar en contra?
No afectar las arcas
Quizás pudiera hacerlo con toda legitimidad el único municipio de oposición, Solidaridad, donde gobierna la panista Lili Campos. En ese sentido, quien ha salido a respaldar sin cortapisas las iniciativa es la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, quien dio voto de confianza, dado que además, los recursos regresarán diferidos mediante un convenio al municipio, dado que la gobernadora Mara Lezama, al percatarse del contenido de la norma general, expedida por el Congreso de la Unión, propuso de inmediato una alternativa para no afectar a la Hacienda municipal, es decir, “no se perderán recursos, sino que habrá un control de lo que se expide”.
Así las cosas, la confusión sigue campeando en la oposición, con un argumento válido, pero que en la práctica hace aguas, a la luz de los resultados que hay en oficinas de tránsito, en las que cualquier papel es válido para salir a conducir, sin hablar de las pruebas de manejo que han quedado de lado.
Ahí también los números de accidentes marcan que Quintana Roo está lejos del ideal de orden y educación vial. Todo un tema que requerirá de medidas a fondo, no sólo en lo recaudatorio.
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