A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, el caso se mantiene abierto al no haber pistas sólidas sobre su paradero.

El informe Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo con las investigaciones, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y difundido ayer por el gobierno federal, ofrece una lista de las 15 instituciones que aportaron 41 mil 297 documentos, testimonios, entrevistas, archivos, fotografías, audios, videos y mapas, pero sin concluir dónde terminaron los jóvenes.

Se detalla que hay 132 detenidos, entre ellos 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías de los tres niveles de gobierno y 14 militares.

Establece tres posibles causales de las desapariciones, que ya habían sido consideradas en las primeras investigaciones: que fue una confusión de Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes. También, que se les quiso dar un escarmiento en un contexto de amenazas de parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, contra quienes los normalistas habían protestado debido al asesinato de tres dirigentes sociales. La otra hipótesis es el trasiego de enervantes y la eventual presencia de droga, armas o dinero en los autobuses tomados.

El informe gubernamental no enumera entre sus fuentes de información a la Administración para el Control de Drogas (DEA) por sus siglas en inglés, que le entregó al gobierno mexicano aproximadamente 23 mil mensajes de texto entre integrantes de la banda delincuencial Guerreros Unidos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó a la vicepresidenta Kamala Harris.

El informe oficial también presenta un acumulado de 132 personas que actualmente están detenidas en diversos penales: 41 integrantes de Guerreros Unidos;  71 policías: cinco federales, tres  federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula,  nueve de Huitzuco y  45 de Iguala; tres funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR); el exsecretario de seguridad estatal de Guerrero; el expresidente municipal de Iguala; la expresidenta del DIF de Iguala y 14 elementos de la Sedena, que tampoco han declarado ministerialmente dónde están los restos de los normalistas.

Padres rechazaron informe

La narrativa oficial, de 34 páginas, es el documento que los padres de los 43 normalistas desaparecidos rechazaron se les entregara en la reunión que tenían agendada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes pasado en Palacio Nacional, a la que el Ejecutivo federal finalmente no asistió; en ese contexto es que se difundió ayer.

“Informe está más cercano a la verdad histórica”

La diferencia de los padres con la narrativa que ofrece el gobierno fue calificada por Vidulfo Rosales, abogado de los padres, como “está más cercana a la verdad histórica que a la realidad”.

Nada de lo que presenta el gobierno como informe a nueve años de los hechos se aprecia como novedoso para las investigaciones ministeriales. Quizás, la aceptación oficial de una relación entre los militares y la delincuencia organizada que operaba en el momento de la desaparición de los jóvenes en el estado de Guerrero y que fue revelado por la DEA, aunque no sustenta que los militares hayan tenido participación activa en los hechos de hace nueve años.

En el texto oficial se establece que “a partir de diversas fuentes existen vínculos entre algunos elementos la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos”.

También que “derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón”. Con información de Excelsior.

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