Por Ignacio Alonso Velasco
Quiero rescatar esta primera frase del monólogo del personaje Hamlet, príncipe de Dinamarca, escrita allá por el año 1603 por el formidable dramaturgo inglés, William Shakespeare. Este soliloquio es consecuencia del conflicto interno que atraviesa el personaje ante la fatalidad de los hechos y las dudas que le asaltan.
Para muchos de nosotros resultaría banal tener que estar explicando la distinción entre un ciudadano, en este caso mexicano, y un extranjero. No obstante, y de manera lamentable, parte de la población no alcanza a entender que un mexicano naturalizado se encuentra dentro del primer colectivo, y no en el segundo, que la ciudadanía se posee o no, pero no puede haber “medio ciudadanos” y que vale lo mismo el voto de todos los mexicanos, independientemente de lugar en donde estuvo su cuna.
La naturalización es el proceso por el cual un ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de otro, con el cual ha adquirido algunos vínculos producto de la estadía mantenida de manera legal en dicho país u otros motivos, como el matrimonio o la ascendencia directa (padres, abuelos, etc.).
La mayoría de los países establecen que, para que un ciudadano de otro país adquiera su nacionalidad, debe primero renunciar a la que poseía ante un funcionario público de su país de origen. Sin embargo, existen convenios bilaterales o multilaterales por los cuales los ciudadanos de un país pueden adquirir la nacionalidad y la ciudadanía de otro sin necesidad de renunciar a la anterior, abriendo de esta manera la posibilidad a la doble nacionalidad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), hay un total de población en México de 119,530,753 habitantes, de los cuales 428,978 son personas nacidas en otro país que poseen nacionalidad mexicana, quienes tan solo representan un 0.3% del universo total de los pobladores de dicho país. Mientras que en Quintana Roo hay 1,501,562 habitantes, de las cuales 14,537 nacieron en otro país, lo que supone un 1% de la población total de dicha Entidad Federativa.
Para regular el ejercicio de los derechos de este colectivo, la Constitución federal mexicana en su Artículo 1° prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, entre otras. Por lo tanto, considerar a los mexicanos por naturalización como no mexicanos al cien por cien, viola la Carga Magna.
Para resolver este problema en Quintana Roo y lograr que nuestras leyes no sean inconstitucionales presenté el 24 de enero del presente año una iniciativa ciudadana, la cual despertó mucho revuelo en las redes sociales. Medio año después he de reconocer que ni siquiera ha iniciado a transitar por el proceso legislativo, a pesar de que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura acordó que reúne todos los requisitos de ley para ello.
Afortunadamente, el día de hoy, una valiente diputada, Ana Pamplona, decide rescatar esta valiosa propuesta y respaldarla para que pueda ser atendida y turnada para su discusión y dictamen en comisiones. De esta manera, el Congreso de Quintana Roo podrá revisar su legislación local y actualizar sus textos para armonizarlos con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y así lograr cuerpos normativos incluyentes con todos los ciudadanos mexicanos a fin de que tan solo se exija ser nacido mexicano para ocupar aquellos cargos públicos señalados en la Constitución Federal. Solo de esa forma dejará de haber mexicanos de primera y de segunda.
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(*) Ignacio Alonso Velasco nació en Madrid y desde el año 2005 vive en México. Es Licenciado en Derecho y Maestro en Gestión y Análisis en Políticas Públicas, tanto en España como en México. Acaba de concluir sus estudios de doctorado. Docente de la Licenciatura de Derecho en la Universidad Modelo y en la Universidad Vizcaya de las Américas, ambas en sus campus de Chetumal. Es asesor jurídico en la XVI legislatura de Quintana Roo.
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Opinión | Refortalecimiento del concepto de gobernanza a nivel local / Ignacio Alonso Velasco
