La gestión de AMLO aprobó el cuarto muelle fiscal y nunca frenó la devastación en Tulum, epicentro de violencia y caos inmobiliario.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado a revisar tanto el muelle y el gobierno del Estado, que encabeza Mara Lezama, le retiró permisos a las empresas que construyeron sobre la bahía Soliman, en Tulum.
Luciano Núñez
Las ideas siempre aparecen. Unas mueren tiernas, otras se despliegan en lo que llamamos realidad y terminan materializándose. El gobierno como moderador de una vida en sociedad tiene la facultad o el poder de restringir esas ideas que no abonan al colectivo. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese a que exista una falsa idea de que no trabajó con el sector empresarial, fue bastante laxo a la hora de permitir obras que, en el caso de Quintana Roo, resultaban duros golpes a naturaleza y entorno ambiental.
Para muestra tenemos dos casos emblemáticos que, a su vez, dejan ver la distancia que en ese sentido a tomado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo trazo de gobierno ha sorprendido por la firmeza y astucia, tanto en el ámbito local como internacional ante las embestidas de Donald Trump.
Dos casos que frenó la sociedad civil organizada
El primer proyecto está ubicado en Tulum, donde varias empresas construyeron como si el gobierno literalmente no existiera. Es decir, erigieron moles sin si quiera tener Manifestación de Impacto Ambienta (MIA) y, lo curioso o alarmante o lo triste, es que lograron licencia de funcionamiento después de vender casi la totalidad de la obra. La semana pasada la noticia es que la anuencia de gobierno del Estado, encabezado por Mara Lezama, fue revocada, es decir, fue en reversa ante el caos inmobiliario que atraviesa Tulum, gobernado por el neo-morenista Diego Castañón, quien acaso pensó que podrían autorizar la construcción de lujosos hoteles en una zona de anidación de tortugas sin que nada pasara. Se equivoca el alcalde foráneo porque Quintana Roo ya tiene a una sociedad civil organizada y pensante.
En Grupo Pirámide hemos documentado los casos MAIIM, Adamar y otros desde que los mismos vecinos comenzaron a alarmarse por la grosería con que se construye en Tulum: en una vieja práctica que es mejor pedir perdón que permiso.
El asunto fue llevado a tribunales por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que logró que un juzgado federal ordenara la demolición del edificio. Quizás podría haber sido materia de una larga litis en la que, con oscuras palancas ya conocidas, se suele torcer la justicia. Sin embargo, el asunto no pasó el filtro mayor. Ello se evidencia en que, días atrás (eso sí: bastante tarde), Sedetus (Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable), dio marcha atrás en el permiso que, a todas luces, había sido otorgado sin contemplar el daño ecológico y mucho menos la tramitología básica.
Fue así que con la sola licencia de construcción municipal (en trámite) los empresarios construyeron y vendieron; estrategia similar que aplicaron en otros proyectos para estafar a cientos de personas que, hoy en día, tramitan juicios millonarios en Estados Unidos, como lo dio a conocer el portal Bloomberg.
Freno al cuarto muelle
El segundo caso tiene que ver con el cuarto muelle que estaba planificado para Cozumel. El gobierno que presidió AMLO había dado visto con buenos ojos este proyecto que metería mano de nuevo a los recursos naturales de una de las principales islas de Quintana Roo, sin que la derrama que ese negocio millonario conlleve arroje beneficios para la comunidad, como ha venido sucediendo: Cozumel tiene 35 por ciento de pobreza, según datos de Coneval. Cada muelle ha prometido una bonanza que, en la realidad, nunca lleva a plasmarse.
Todo iba viento en popa hasta que, de nuevo el clamor popular, comenzó a levantar la voz para que también la clase política se hiciera eco de este llamado de atención. Fue el diputado Renán Sánchez Tajonar, además presidente del Partido Verde, el primero en pronunciarse por una rotunda negativa a ese proyecto; y no menos enérgico fue el senador Eugenio Segura, quien realizó un foro para conocer a fondo el asunto que implicaba, entre otras aristas negativas, el que la ciudadanía perdiera una acceso a una playa pública. Como estocada, el alcalde José Luis Chacón recibió a las asociaciones y les dejó tranquilidad al decirles que entiende perfectamente el impacto que esto tendría. Vale recordar que quien autorizó esta anuencia, como otras en materia ecológica, es Pedro Joaquín Delbouis, del PRI, quien dejó una estela de aprobaciones que van saliendo a la luz. Sería esclarecedor que se pronunciara públicamente por este asunto.
Dos maneras
Volviendo al asunto de las ideas: la forma de ver dos asuntos de gran impacto ambiental para Quintana Roo están en polos opuestos, aunque los mandatarios (López Obrador y Claudia Sheinbaum) tengan la misma bandera política, no miden con la misma vara.
Se trata de dos visiones sobre el México del “todo vale” al México del respeto a la legalidad y la riqueza natural, que es nada menos que nuestro hogar. Se trata de frenar a politiquillos que llegan por una temporada a enriquecerse y dejan atrás una estela de corrupción que tiene, desde luego, una consecuencia en nuestra realidad, en nuestro entorno cotidiano.
Quien quiera oír que oiga, porque los tiempos van cambiando.
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