La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jissel Castro Marcial, propone una reforma constitucional que contraviene derechos fundamentales de los comunicadores e intenta legislar un asuntos ampliamente tutelados con al Constitución Mexicana.

 

Por Jaguar Negro

Cuando parecía insuperable el porcentaje de pifias del diputado con licencia, Humberto Aldana, hoy candidato a diputado por el distrito federal III, apareció una competencia seria que va por peor camino: Jissel Castro Marcial, flamante presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jugocopo, en el Congreso del Estado.

Mientras Aldana intentó infructuosamente mancillar los derechos de grupos vulnerables, a través de una reforma fallida y se le desplomó su arremetida contra Aguakan, ahora va tras sus pasos la diputada suplente de otra candidata, Mildred Ávila, que intenta adicionar a la Constitución Política de Quintana Roo un parrafito, bastante breve por cierto, que busca legislar lo que ya está ampliamente tutelado, tanto en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y en la municiona Ley de Imprenta, que desde aquí, la cueva del Jaguar, le recomendamos intente leer.

Censura

Su aporte, habiendo tanto por legislar, se dirige a una suerte de censura adicionando al artículo 13, “Todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y a la propia imagen en los términos dispuesto por la Ley”.

Esta propuesta fue secundada enérgicamente por Susana Hurtado, quien fue nota internacional por regalar ropa íntima (tangas, brasiers y calzoncillos, sí, así como lo lee) en su campaña por su alma mater: el viejo PRI; eso no sería nocivo, más bien pintoresco y ocurrente, lo que sí lo fue es que legisló en un hotel para aprobarle la concesión a Aguakan y otras atrocidades a Roberto Borge, que hoy el Estado debe enmendar y subsanar. No se le conoce otro aporte a la legisladora que pernocta en el erario públicos desde hace décadas.

¿Qué dice la Constitución al respecto?

Volviendo al asunto de la pretendida reforma, se trata sólo de leer y releer nuestra Constitución en sus primeros artículos. El Artículo 6o dice muy claramente: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”, pero además, en el inciso II, reza que, “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.

A los comunicadores nos ampara, le recuerdo, el Artículo 7o. “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Los medios de comunicación están regulados y su ejercicio responsable es un aporte vital a la democracia; están sujetos a leyes y, al menos de este portal, no es de su interés la vida privada de las personas, cuyo espacio está debidamente protegido, sino su actuar público, más aún si son servidores públicos y juraron respetar y hacer respetar la ley y, sobre todo, hacer buen uso de los recursos públicos que le fueron delegados y que son producto de nuestros impuestos.

A esta legislatura, caricaturesca y circense, con propuestas para una sección completa de “Ripley” como la reciente sobre las personas de talla baja y la ley del tlacuache, con propuestas de ocurrencia que violan normas federales, se suma esta arremetida contra los medios de comunicación y total, todo es a costa del erario público para financiar a una de las legislaturas más caras del país.

Aquí la mencionada iniciativa:

4105_Iniciativa_502_Se_adiciona_un_párrafo_al_art_13_CPQROO_Dip

 

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