Cancún.- Debido a un aparente tráfico de influencias, una mujer víctima violencia doméstica, que presentó fotografías y videos de las agresiones sufridas, ha visto cómo la Fiscalía General del Estado mantiene congelada su denuncia, y cómo dos jueces parecieran haberse puesto de acuerdo para obligar a la convivencia de sus dos hijas con este sujeto, sin importarles los dictámenes judiciales.

Esto fue hecho público en rueda de prensa por la víctima, Ivette Torres Camacho, acompañada de la abogada Ariadne Song Anguas, quien destacó que su agresor, Víctor N., es empresario y que contrató a un abogado que es marido de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia.

Esta mujer narró que desde que se casó embarazada con Víctor N., comenzó a sufrir violencia física, psicológica y económica, algo que ella pasó a ver como normal por muchos años, hasta que lo denunció en 2019. Sin embargo, esa vez él disminuyó su nivel de violencia y prometió cambiar, por lo que desistió.

En mayo de este año, ella fue víctima de un ataque en el que temió por su vida. A estas alturas ella procuraba siempre estar acompañada por alguien para evitar ser agredida, pero ese día ella llegó al domicilio sola. De acuerdo a narración, Víctor N. le clavó un cuchillo en el hombro, la arrastró del cabello y la comenzó a estrangular. Ella le rogaba que pensara en sus hijas, para que no la matara.

A raíz de ello, ella se fue del hogar y entabló una demanda de divorcio, además de una denuncia penal por violencia familiar. Tanto ella como sus hijas obtuvieron una orden de restricción como medida cautelar.

Pronto comenzaron las anomalías, pues el fiscal que lleva el caso, Daniel Alejandro Chuc Chac, quien recibió fotos de las huellas, además de dictámenes psicológicos, más fotos e incluso videos de agresiones anteriores, no ha procedido con esta carpeta en seis meses, y ni siquiera ha ordenado los peritajes necesarios en esta investigación.

“El fiscal parece estar esperando a que maten a mi cliente”, reclamó Ariadne Song. “La diferencia de mi clienta es que no tiene un diputado federal como Sergio Mayer para exigir que hagan su trabajo. Ella no cuenta con una amistad influyente”

Chuc Chac pudo haber procedido con una vinculación a proceso por feminicidio en grado de tentativa, contando para ello con el reporte policiaco homologado y la llamada al 911, pero en lugar de ello no hace nada.

“¿Este es el mensaje que mandan las autoridades, que las mujeres están solas?”, cuestionó

La también activista criticó que la Fiscalía ignore las indicaciones de la gobernadora, quien exhorta a que las mujeres denuncien para que se aplique justicia, porque al final no les hacen caso.

La víctima por meses siguió sufriendo el acoso y las amenazas por parte de Víctor N., quien no le importaban las medidas cautelares interpuestas. Todo esto era documentado y presentado ante el fiscal, quien al final le pidió que ya no le llevara más hechos pues “el expediente se hacía muy grande”, en lugar de procesar al agresor por violar las medidas judiciales.

JUECES “DEL BIENESTAR”

Pero Ivette Torres Camacho no solo sufre por ver la impunidad que aparentemente goza su ex pareja, sino que también es víctima de un evidente tráfico de influencias, a través de la magistrada Rosario (Cervantes García), quien es la esposa del abogado contratado por su agresor.

Lo anterior, porque el juez penal Guillermo Baca González Pliego realizó una audiencia por petición de Víctor N., efectuada sin la presencia de la víctima, para ordenar el retiro de las medidas de protección en favor de las dos hijas menores de edad.

Ello, pese a la existencia de una denuncia interpuesta en contra del presunto agresor, y pese a existir dos dictámenes psicológicos en los que las menores manifiestan tener miedo de convivir con su padre, quien les dijo que metería en la cárcel a su madre.

La audiencia fue efectuada de manera veloz, al poco tiempo de ser ingresada la petición, pese a que la demanda de divorcio ingresada por la víctima sigue estancada.

Esto no acabó ahí, pues apenas dos días después de esta audiencia, con igual celeridad la jueza de lo familiar, Marcela de Pilar Campos, sostuvo su propia audiencia, para obligar a la convivencia de estas niñas con su progenitor. Esto, en violación al interés superior de la infancia, ya que nuevamente se ignoraron las evidencias y los dictámenes psicológicos. Ni siquiera solicito un examen psicológico del presunto agresor.

“Es increíble ver cómo la burocracia se pone de acuerdo”, aseveró Song. “Estos jueces “del bienestar” están haciendo mucho daño, al ignorar la ley”.

En el caso de la jueza de lo familiar, es una de las que fue señalada por agrupaciones feministas por acumular quejas en su contra, por presuntamente “venderse al mejor postor”.

Ante todas las anomalías cometidas, la activista adelantó que procederán a denunciar ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Por su parte, Ivette Torres Camacho pidió el apoyo de las autoridades y de la gobernadora Mara Lezama, pues dice temer por su integridad física, al poder ser víctima de un nuevo ataque, o ser encarcelada como su marido prometió que haría.