De los 32 estados del país, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no reportó al Inegi el presupuesto ejercido en 2024 a fin de elaborar el Censo Nacional de Justicia Estatal de ese año y que fue publicado este jueves.
En el gráfico estadístico correspondiente al “Presupuesto Ejercido por los Poderes Judiciales estatales, según entidad”, en el listado no aparece Quintana Roo y debajo de ésta, aparece la siguiente anotación: “El Poder Judicial del estado de Quintana Roo reportó no contar con datos o elementos para responder el tema”.
Lo que revela falta de transparencia o de control interno sobre su información administrativa o presupuestal. Pese a que en 2023, evitar el recorte a su presupuesto fue un tema de conflicto con los diputados y el Gobierno del Estado.
Del presupuesto ejercido el año anterior en el país, la Ciudad de México reportó el mayor gasto con 8 mil 222.6 millones. Mientras que Colima ejerció el menor, con 311.1 millones de pesos.
“A precios constantes de 2018, el presupuesto que ejercieron en 2024 el Poder Judicial Federal (PJF) y los Poderes Judiciales Estatales (PJE) fue de 99 234.9 millones de pesos: 60 264.8 millones correspondieron al PJF y 38 970.1 millones, a los PJE. En comparación con 2023, la cantidad de presupuesto ejercido aumentó 0.4 % “, precisó el Inegi en el Censo dado a conocer este jueves.
Conflictos por incrementos
En abril de 2023, ocho meses después de que asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas presentó una controversia constitucional a fin de evitar la reducción del presupuesto de ese año, que fue identificada con el número 27/2023.
Sin embargo, al mes siguiente -en mayo-, la bancada de Morena, grupo mayoritario en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de Ley que echó por tierra la reforma de 2023, la que permitía reducir los recursos asignados a los poderes y organismos autónomos, y que sería efectiva a partir de 2024. De esta manera, no habría recorte y la controversia ya no tendría razón de ser.
En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diciembre de 2023 determinó: “Advierte, de oficio, la actualización de una causa de improcedencia que impide entrar al estudio de fondo del asunto, al haber sobrevenido la cesación de efectos de las normas impugnadas, por haber sido reformadas sustancialmente, lo que autoriza el sobreseimiento del presente asunto”. Con lo que este conflicto llegó a su fin.
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