La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las autoridades municipales incumplieron con su deber de actualizar el Atlas de Riesgos Naturales, lo que vulneró el derecho al medio ambiente sano e impactó en la dimensión preventiva de otros derechos con los que guarda estrecha conexión, como son los derechos a la salud, a la vivienda digna, al agua, al patrimonio cultural, a la participación ciudadana.

Ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al gobierno municipal de Tulum actualizar el Atlas de Riesgos Naturales y le otorga un plazo máximo de dos años.

La Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A. C. (DMAS) presentó en 2021 una demanda de amparo indirecto a nombre de dos tulumenses para exigir la creación de un Atlas, ya que el más reciente data de 2016.

«Desafortunadamente, el juzgado de distrito consideró que incumplir con esa herramienta que, por medio ambiente, asentamientos humanos y protección civil es obligatoria, NO LES afectaba a los de Tulum. Nos dieron palo con el clásico de «a usted en qué le afecta», reseña DMAS.

En consecuencia, recurrieron a la Suprema Corte y el pasado 1 de febrero, ésta determinó la necesidad de actualizar dicho instrumento.

«Tomando como punto de partida el último Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Tulum, el cual data de 2016, la Sala advirtió que han existido cambios significativos en el municipio que ameritaban su actualización, entre estos: la concentración masiva de población derivada de la migración de personas extranjeras, el flujo de capitales y las dinámicas del mercado inmobiliario, la pandemia causada por el COVID-19, así como la construcción del Tren Maya y del aeropuerto municipal», indica.

La Primera Sala modificó la sentencia impugnada y concedió el amparo para que las autoridades del Municipio de Tulum actualicen su Atlas de Riesgos en un plazo máximo de dos años.

Esto conforme a los lineamientos técnicos y operativos aplicables en la materia y, una vez realizado lo anterior, lo sometan a consideración del Centro Nacional de Prevención de Desastres, autoridad encargada de supervisar dicha actualización.

Vulnera el derecho a un ambiente sano

Esto porque las autoridades municipales «incumplieron con su deber de actualizar el Atlas de Riesgos Naturales, lo que vulneró el derecho al medio ambiente sano e impactó en la dimensión preventiva de otros derechos con los que guarda estrecha conexión, como son los derechos a la salud, a la vivienda digna, al agua, al patrimonio cultural, a la participación ciudadana».

Apenas la semana anterior también la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó la falta de competencia constitucional del gobierno municipal para establecer gravámenes al consumo de energía eléctrica.

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