En al menos nueve estados del país, el crimen organizado ha instaurado un sistema de extorsión y control de precios que afecta a la población, comerciantes, transportistas y productores.
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco reportan la imposición de costos en productos básicos como arroz, carne, pollo, tortillas, agua embotellada, refrescos, cerveza, útiles escolares y materiales de construcción.
El modus operandi consiste en obligar a comprar mercancía robada o distribuida por los cárteles, fijar sobreprecios y exigir cobros de piso a negocios y transportistas.
En Michoacán, grupos como Los Viagras, Los Blancos de Troya y el CJNG concentran mercancías en bodegas.
Mientras en Guerrero, Los Ardillos y Los Tlacos dominan mercados locales. En Tamaulipas, Veracruz y la Comarca Lagunera, las extorsiones alcanzan al transporte y a productores agrícolas. En tanto, en Oaxaca se suman préstamos “gota a gota” operados por extranjeros.
En Morelos y Tabasco, los comerciantes denuncian amenazas directas, incluso contra transportistas que se niegan a pagar.
Expertos como Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, advierten que la extorsión se consolidó desde 2013, tras la fragmentación de grandes cárteles. Y hoy se mantiene como una práctica de terror que incluye amenazas de homicidio, secuestro o desaparición. (Con información de El Universal)
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