Mahahual, Quintana Roo.- La jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, no admitió los amparos promovidos por ocho ciudadanos de Mahahual contra el megaproyecto turístico “Perfect Day”, de la empresa Royal Caribbean, al aplicar un nuevo criterio al analizar el cambio de uso de suelo, aprobado por el gobierno municipal de Othón P. Blanco, acusan el colectivo Salvemos Mahahual y Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
“En el primer amparo, la jueza consideró que la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) constituía un acto administrativo. Bajo este criterio, la Ley de Amparo establece un plazo de 15 días, que debe contarse a partir del momento en que las personas afectadas tienen conocimiento del acto”, detalla la organización a través de un comunicado.
No obstante, en el segundo y tercer amparo, la misma jueza modificó el criterio jurídico aplicado al mismo hecho. En esta ocasión, trató la modificación al PDU como si fuera una ley, lo que implica un plazo distinto: 30 días contados desde su publicación oficial, agregan en el texto.
Las organizaciones aseguraron que con este nuevo criterio, la jueza fijó como punto de inicio el 5 de diciembre, fecha de publicación de la modificación, sin considerar cuándo la comunidad tuvo conocimiento real del contenido y los efectos del PDU, a pesar de que este elemento fue determinante en el criterio adoptado previamente.
“Esta situación representa una contradicción jurídica evidente, ya que un mismo acto fue calificado primero como acto administrativo y posteriormente como ley, aplicando plazos distintos para su impugnación. La naturaleza jurídica de un acto no puede cambiar según el caso, ya que ello vulnera
los principios de seguridad jurídica, certeza legal y acceso efectivo a la justicia”, indican en el comunicado conjunto.
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Asimismo, las organizaciones señalaron las declaraciones públicas de Ari Adler, representante de la empresa promotora del proyecto, quien afirmó que están seguros de obtener esa suspensión para avanzar y, de esta manera, operar el parque en el 2027.
Al respecto, Salvemos Mahahual y DMAS reiteraron la exigencia de que cualquier proyecto se realice con apego estricto a la ley, coherencia jurídica y respeto a los derechos de la comunidad y al medio ambiente.
“La ley no debe interpretarse de manera cambiante ni acomodarse al poder económico o político”, finalizan.
