Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el actuar de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), que encabeza Óscar Rébora en diversos procedimientos de evaluación ambiental; señalan presuntas irregularidades, falta de transparencia y limitaciones sistemáticas a la participación ciudadana.
De acuerdo con un posicionamiento firmado por once organizaciones, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Selvame MX señalan que la dependencia estatal ha analizado e incluso autorizado manifiestos de impacto ambiental de proyectos que, por su naturaleza y alcance, correspondería evaluar a la Federación.
Las agrupaciones precisan que esta actuación invade competencias que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, son responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Advirtieron que esta práctica debilita los mecanismos de control ambiental y genera un precedente de fragmentación en la aplicación de las normas de protección ecológica.
Como ejemplo reciente mencionaron las obras de rehabilitación y restauración de playas en distintos municipios de Quintana Roo. En ese caso, organizaciones sociales y especialistas solicitaron a la Semarnat negar la ampliación o modificación de una autorización ambiental emitida en 2009. Así como exigir la elaboración de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental integral y actualizada, al considerar que las obras generan impactos acumulativos y regionales que deben evaluarse a nivel federal.
Las organizaciones también acusaron a la SEMA de aplicar criterios administrativos y formalismos que, aseguran, han servido para impedir la apertura de consultas públicas, incluso en casos donde la legislación ambiental permite o exige este mecanismo de participación.
Asimismo, denunciaron que algunas autorizaciones ambientales se han otorgado de forma acelerada, incluso antes de publicar los listados mensuales de proyectos sujetos a evaluación. Esta práctica, señalaron, impide que la ciudadanía conozca oportunamente los proyectos y solicite consultas públicas, lo que limita el derecho de participación reconocido en la legislación ambiental y en el Acuerdo de Escazú.
No hay consultas públicas, pese a 100 solicitudes
El documento advierte que en Quintana Roo prácticamente no se han abierto consultas públicas en materia de evaluación de impacto ambiental, a pesar de que se han presentado más de 100 solicitudes formales. La única excepción fue una consulta parcial relacionada con el proyecto “Planta de trituración y extracción de materiales pétreos Izgra”, cuyo resolutivo, indicaron, no fue hecho público.
Ante esta situación, las organizaciones pidieron a la Semarnat revisar de manera integral el actuar de la SEMA, investigar posibles invasiones de competencias federales y verificar si autoridades estatales realizan inspecciones y vigilancia en proyectos que corresponden al ámbito federal.
Piden garantizar acceso a información ambiental
También solicitaron garantizar el acceso a la información ambiental, abrir consultas públicas cuando la ley lo establezca y exigir nuevas manifestaciones de impacto ambiental cuando la magnitud o modificaciones de los proyectos lo ameriten.
Las organizaciones firmantes señalaron que la evaluación de impacto ambiental es un instrumento clave para prevenir daños al medio ambiente, por lo que su aplicación debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana.
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