La sentencia de amparo obtenida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en torno al proyecto SANMEX representa un precedente que obligará a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo a reducir la opacidad en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y garantizar la realización de consultas públicas, al tratarse de un derecho humano vinculado al acceso a la información y a la participación ciudadana.
Así lo consideró Antonella Vázquez Cavedón, representante de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), quien calificó como una “excelente sentencia” la resolución obtenida por CEMDA junto con integrantes de la comunidad de Playa del Carmen.
La activista señaló que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental a cargo de la dependencia estatal han carecido de la transparencia necesaria para permitir una participación efectiva de la ciudadanía.
“Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que lleva la Secretaría de Medio Ambiente del Estado han sido opacos; la página a veces no funciona y no cumplen con la transparencia que permitiría una mayor participación ciudadana”, sostuvo.
Afectan derechos constitucionales y humanos
La resolución judicial, dijo que deja en claro que las omisiones de la autoridad no son fallas menores, sino acciones que afectan derechos constitucionales y humanos de la población.
“Está afectando un derecho humano. La ciudadanía tiene derecho a conocer esta información y es obligación de la autoridad proporcionarla”, enfatizó.
La representante de DMAS señaló que la falta de exigencia ciudadana ha permitido que las autoridades incumplan disposiciones legales en materia ambiental.
Y consideró que el fallo servirá para reforzar la obligación gubernamental de respetar los mecanismos de participación social.
La resolución judicial deriva de un amparo promovido contra la omisión de garantizar la consulta pública dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto SANMEX.
Consulta pública, herramienta esencial
De acuerdo con CEMDA, un Tribunal Federal concedió la protección de la justicia federal a la comunidad de Playa del Carmen y reconoció que la consulta pública no constituye una formalidad que pueda subsanarse de manera tardía, sino una herramienta esencial para que la población se informe y participe en decisiones con impacto ambiental.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó al titular de SEMA, Óscar Rébora, dejar sin efectos el procedimiento de evaluación realizado y tramitar la solicitud de consulta pública sobre el proyecto SanMex. Una vez concluida esa etapa de participación ciudadana, deberá la dependencia emitir una nueva resolución conforme a derecho.
Para las organizaciones ambientales, el fallo constituye un avance relevante en la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, en un contexto donde la apertura de consultas públicas ha sido una demanda recurrente de colectivos, comunidades y ciudadanos en Quintana Roo.
El proyecto «San Mex», que solicita la autorización ambiental para la construcción y operación de un centro especializado para la recepción, mantenimiento y operación de vehículos dedicados a la recolección y transporte de aguas residuales provenientes de distintos giros comerciales. Así como de una planta de tratamiento de aguas residuales en Playa del Carmen.
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