Los números no avalan al fiscal Oscar Montes de Oca: tanto la Word Justice Project ubica a Quintana Roo en el número 30, en el Índice de Estado de Derecho; en tanto, el INEGI dice que el 76 por ciento de la población se siente insegura.
Un cruce de intereses políticos ha impedido avanzar para poner freno a las mafias inmobiliarias que operan libremente en Quintana Roo, al amparo del poder.
Por Luciano Núñez
Si el gobierno estatal en su conjunto es un complejo rompecabezas que intenta componer una nueva imagen, la pieza de la fiscalía que encabeza Oscar Montes de Oca no encaja en la figura de la transformación que requiere el Estado. Razones sobran.
Por un lado los números no ayudan al fiscal, debido a que Quintana Roo presenta bajísimos niveles en el estado de derecho y la impartición de justicia. Y por el otro, los cruces de intereses políticos con el sexenio anterior.
Los peores indicadores del país
Un estudio muy profundo realizado en todo México por la Word Justice Project (word justice project), dice que Quintana Roo se encuentra en la posición 30 del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022: Tiene una puntuación de 0.36 en una escala que va de 0 a 1. Los niveles en rojo son, principalmente, justicia penal.
El dato más alarmante lo viene dando el INEGI, desde el 2021, del escaso porcentaje de denuncias: un promedio de 11 por ciento, de las cuales, sólo 47 por ciento tuvieron una carpeta de investigación, es decir, del total de delitos un promedio de 5 por ciento. Ya en cuanto a la percepción de inseguridad, INEGI (Informe Quintana Roo)
Toda esta radiografía la dio a conocer la propia gobernadora Mara Lezama cuando dio su diagnóstico inicial, sin embargo, el titular de la fiscalía fue después al Congreso del Estado a rebatir las cifras y dejar sus “otros datos”, en el mismo estilo que su “co-equiper” Alberto Capella maquilla números.
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Intereses de grupo
Si por un lado los números no le dan espalda para continuar, por otro lado, mucho menos sus compromisos políticos con el sexenio anterior que encabezó Carlos Joaquín González, hoy embajador en Canadá. Las primeras luces de alarma la dieron las madres buscadoras que acudieron en diferentes foros a hacer saber que algo andaba mal en la fiscalía de Quintana Roo. La propia gobernadora no había asumido y, como electa, tuvo que dar la cara, tanto por Joaquín como por el fiscal en el arranque de su administración.
La mafia inmobiliaria
Lejos de mejorar la letra con la nueva gestión, Montes de Oca miró directamente para otro lado en cuanto comenzaron a aparecer los casos de despojo inmobiliario que han proliferado en el Estado, principalmente, en Tulum.
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Grupo Pirámide ha revelado la mafia inmobiliaria que se apoderó de 179 hectáreas de un adulto mayor, donde los beneficiarios son parte de la actual administración que encabeza Diego Castañón, cuyo secretario particular es Agustín Lara, alias, «Tacón», quien fuera parte del círculo más cercano de Roberto Borge.
El coordinador de asesores de Tulum, Edgardo Díaz Aguilar, es uno de los flamantes dueños de las hectáreas presuntamente despojadas con documentos falsificados al adulto mayor, con el lote 002-2, con folio electrónico 215071, clave catastral 109014000040002-2, quien fuera tesorero del ex alcalde Víctor Mas Tah, y cuya esposa es regidora: Eva Rosely Rocha Geded. Denis Alaín Jiménez Santos, otro de los “compradores”, es esposo de la actual regidora del ayuntamiento de Tulum, Paulina Yadira Malpica Yañez.
No menos escabroso es otro de los casos de despojo e invasión: el que involucra a los legítimos herederos de Juan Gabriel, el fallecido cantante y estrella que tenía propiedades en Quintana Roo. La fiscalía no ha movido un meñique para zanjar todos estos casos, en los que la propiedad de particulares está en juego ante una mafia inmobiliaria que opera sin freno, debido a los cercanos cruces con el grupo político del sexenio anterior, al que pertenece, desde luego, el fiscal del estado que llegó con el equipo de Alberto Capella, ex secretario de Seguridad Pública, fuertemente cuestionado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Fue el propio titular de la Agepro, José Alonso Ovando, el mensajero que confirmó que hay “acuse de recibido” de lo que pasa con la falsificación de documentos públicos (delito que se persigue de oficio) particularmente en Tulum, donde burdamente despojaron a don Cayetano Nieto Colín de sus tierras de alta plusvalía, con 900 pies de carretera.
En conclusión
¿Cómo obtener justicia en Quintana Roo si, quien debe procurarla, es parte del viejo entramado político en el sexenio anterior?
Sin dudas, la elección de él o la nueva titular será una decisión en la que tenga que ver el presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque difícilmente la transformación planteada desde la campaña pueda llegar a un buen puerto con un fiscal tan atravesado de intereses, y a quien, la titular del ejecutivo le tiene que sacar las papas del fuego un mes sí y el otro también.
No se trata, desde luego, de una operación sencilla: existen cientos de puestos clave en el Ministerio Público que deben irse cubriendo para que la transición no genere más focos rojos de los que existen. De esta forma, ahora sí el gobierno de Mara Lezama tendría una renovada figura con un rompecabezas que ella misma puede completar, no con piezas que vienen sobrando de otro juego y que no han dado los resultados esperados.
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* Luciano Núñez Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado en géneros periodísticos en La Salle, Cancún, e Historia de Quintana Roo en la Universidad del Caribe y Sociedad Andrés Quintana Roo.
Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven, Tan Lejos y Otra Vez en Casa y la novela Magnificens Cancún, editada por Miguel Ángel Porrúa.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.
Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.
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* Luciano Núñez Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado en géneros periodísticos en La Salle, Cancún, e Historia de Quintana Roo en la Universidad del Caribe y Sociedad Andrés Quintana Roo.
Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven, Tan Lejos y Otra Vez en Casa y la novela Magnificens Cancún, editada por Miguel Ángel Porrúa.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.
Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.
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