La síndica Vanessa Piña ha recibido todo tipo de ataques y restricciones políticas después de que emprendiera la defensa de una trabajadora que era acosada sexual y laboralmente.
La Fiscalía de Quintana Roo no ha investigado los casos, como tampoco la acéfala Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha intervenido.
Por Luciano Núñez
Claroscuros. Así parece que mientras en el mundo se enciende una luz, otra se apaga; mientras la humanidad experimenta grandes avances tecnológicos, estalla una guerra y quedan millares de seres humanos viviendo en zonas de extrema precariedad. Así también, mientras Quintana Roo acaba de elegir a una mujer como su próxima gobernadora, Mara Lezama, existen espacios políticos en los que las mujeres viven todavía en la edad de piedra y con verdaderos calvarios; con derechos finamente redactados en leyes que no se cumplen ni se respetan.
Instancias que no resuelven

Es el caso de Bacalar donde, desde finales del año pasado hubo dos denuncias graves: primero ante la Contraloría (donde es titular una mujer) por acoso sexual y laboral; y después, ante la fiscalía del Estado. En ninguna de las instancias los señalamientos han avanzado. La síndica del municipio, Vanessa Piña, tomó en su momento la decisión de acompañar a una de las afectadas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Ceaveqroo, donde le fue asignado un abogado de oficio; esto generó a la postre una feroz persecución política que devino, primero, en el retiro de su personal a cargo para, semanas después, intentar exhibirla en una sesión pública de cabildo porque “no cumplía sus funciones”; un esquema por demás evidente e incluso de infantil planeación y elemental maldad. En esa misma sesión, la representante legal argumentó que no tenía personal técnico, pero que además, no podía firmar a ciegas 3 millones de becas, “que no eran más que aviadores”, según calificó en la misma sesión.
Represalias

Acto seguido, el cabildo en pleno la relegó de su espacio revocando sus funciones, al que accedió por elección popular y como parte de una planilla electoral; ante la arcaica irregularidad, no pasaron más que unos días para que, el mismo cabildo, le restituyera parte de sus facultades para evitar una sanción mayor, en una sesión a la que Piña no asistió por ilegal y persecutoria.
Como parte de su defensa legal, interpuso quejas en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, Teqroo, que esta semana debe resolver su situación de fondo; y ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, Ieqroo, por violencia política en razón de género. Además anunció que irá a la instancia penal.
Especialista
Consultado un abogado especialista en materia electoral, afirma que únicamente bajo el supuesto de “conflictos de interés” el cabildo podría revocarle o restarle funciones a la síndica, pero en este caso no ha sido acreditado. En medio de todo este arrebato, el diputado Julio Montenegro (el mismo que quería poner en letras doradas el nombre de la gobernadora electa), pretendía llamar a comparecer a Piña, como si ya hubiese sido juzgada y sin entender el alcance del poder que representa. Así están (algunos) de nuestros representantes del Congreso: en la absoluta ignorancia.
Recapitulando: la contraloría municipal no hizo nada y ahí siguen los mismos; las denuncias están ante la Fiscalía y nada ocurrió; y lo peor del caso es que una de las víctimas de agresión sexual se presentó, escuche bien, con dos abogadas del municipio de Bacalar a desarticular la denuncia ante la Ceaveqroo. ¿Nadie investiga el uso de recursos públicos para defender a un presunto delincuente?, quien después, salió en los medios a declararse inocente y que habían intentado manchar su imagen. ¿No es acaso revictimizar a la agraviada? Incluso en las redes sociales recibieron escarnio por presuntamente haberse desistido de la queja, que debería seguir de oficio la fiscalía al tratarse de un delito grave.
Qué dice la ley

El Capítulo VII de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el apartado: De la Violencia Política, en su artículo 32 BIS dice: “La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.
Y la fracción II habla de “Impedir u obstaculizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales mediante el condicionamiento o la restricción de recursos, ocultamiento de información, aplicación de sanciones que no estén debidamente fundadas y motivadas, amenazas o amedrentamiento hacia su persona o familia”.
El párrafo más claro de la ley dice, en el inciso VII, que configura la violencia política el, “Impedir u obstruir por cualquier medio que las mujeres electas, designadas, titulares, suplentes o nombradas para una función pública, tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, o del derecho a voz y voto”.
Ley de los municipios

La Ley de los Municipios es la que otorga las facultades a las autoridades municipales. Es por ello que ni siquiera un gobernador puede remover a un alcalde por más incómodo que sea, como en su momento intentó hacerlo Joaquín Hendriks Díaz con Juan Ignacio García Zalvidea; así como de ninguna manera un alcalde ni cabildo podrá remover a un regidor o a un su síndico como si fuera su empleado, dado que son ambos representantes electos por el voto popular. La ley de los municipios dice lo siguiente en el artículo 66: v) Revocar el carácter de apoderado jurídico que esta ley le otorga al Síndico, cuando a juicio del propio Ayuntamiento exista conflicto de intereses entre éste y el Síndico. Para la revocación de Piña no existió ningun juicio de conflicto de interés, al menos probado. En entrevista con Grupo Pirámide, la síndica recordó que hizo campaña con el actual alcalde, José Alfredo Contreras Méndez, Chepe, y que nunca pensó que pudiera llegar a esta situación.
Camino cuesta arriba

Los derechos políticos de las mujeres en Quintana Roo son un camino pedregoso que ha encontrado duras resistencias. La misma gobernadora electa tuvo que interponer un juicio para la protección de sus derechos políticos, cuando fuera sobajada públicamente por el diputad electo, Isaac Janix; la actual presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez, dejó fuera de la pasada elección a Luis Gamero; además de las denuncias públicas que hiciera Juanita Alonso contra los ataques y amenazas de Pedro Joaquín Delbouis, en Cozumel, apenas comenzaba su campaña.
Son todas mujeres que, además de sus luchas, trazaron un camino ulterior en favor de los derechos políticos de las mujeres de Quintana Roo, cuyos espacios no son sólo un relleno de planilla. Lejos de mirar para otro lado, como lo ha hecho la Fiscalía y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, o mirar de manera sesgada, como lo hizo un legislador que afortunadamente se va, el Estado con todo lo que representa tiene la obligación de velar por los espacios políticos de las mujeres y sancionar a quienes los transgredan. Por eso todavía vivimos en un claroscuro, con más tiniebla que luz en tantos espacios.
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* Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado de géneros periodísticos en La Salle, Cancún.
Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven y Tan Lejos y Otra Vez en Casa.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.
Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.
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