Por Jaguar Negro

Difícil sería apelar a las candidaturas que corresponden a los jóvenes o adultos mayores: la INE no falla en eso; sin embargo, los grupos minoritarios de Quintana Roo han detectado que los partidos están incluyendo, tanto candidaturas de representación proporcional como plurinominales, en categorías que corresponden a las personas con discapacidad o de la diversidad sexual.

Una de las impugnaciones ya está en el Tribunal Electoral Federal, con el caso de la diputada federal, Anahí González (cuota indígena), pero conforme transcurra la campaña y sean registradas las candidaturas de ayuntamientos, los casos proliferarán.

El Acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ieqroo IEQROO/CG/A-085/2023, dice que, “los partidos políticos, coaliciones y/o candidaturas comunes deberán postular una (1) fórmula de personas indígenas: en cualquiera de los distritos que no hayan sido considerados para dar cumplimiento a alguna acción afirmativa”.

Además, al menos una persona de la comunidad LGBTTTQ+, una persona migrante, con discapacidad, joven, persona indígena o persona adulta mayor”.

En tanto, en las planillas de miembros de los Ayuntamientos deberá postularse de manera adicional a las cuotas fijas establecidas en las acciones afirmativas que correspondan, una fórmula perteneciente a cualquiera de los grupos de atención prioritaria de: personas con discapacidad, jóvenes o Grupo LGBTTTIQ+ o de la diversidad sexual.

Nos comentan que las candidaturas de Paola Moreno y Andrea González, ambas de Morena, ingresaron como afirmativas de discapacidad, así como la ex reina del carnaval Sonia Betancourt, en Othón P. Blanco y María José Osorio Rosas, del Partido Verde.

La normativa electoral establece que, en esos casos, los partidos políticos deben acreditar las postulaciones de personas con discapacidad, para lo cual, deberán presentar un certificado médico de discapacidad permanente expedido por institución de salud pública estatal o federal, y/o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Quintana Roo (DIF Quintana Roo).

Así, las candidaturas en ese sentido penden de un certificado sólido, la decisión del los tribunales y el activismo de los grupo afectados. ¿Se caerán algunas candidaturas fake?

 

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