PRESENTE:
El 12 de mayo pasado, periodistas de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Tulum y José María Morelos, emitimos un pronunciamiento ante la decisión de la administración del C.P. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, de activar el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, con base en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida el 14 de agosto de 2015, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo. para acotar la Libertad de Expresión, violentar el Derecho a la Información y restringir la labor periodística en la entidad.
En el texto, firmado por el colectivo de periodistas el 12 de mayo y entregado al H. Congreso del estado de Quintana Roo, el cuatro de junio del 2017, se solicitó, entre otros puntos, abrogar y elaborar una nueva ley a partir de los siguientes criterios:
a.- Un proyecto base, elaborado por una prestigiada organización, especializada en la defensa de Periodistas y de la Libertad de Expresión.
b.- Someter este documento base, a la opinión de periodistas en foros, en ciudades de todo el estado.
c. A partir del documento base y las opiniones de periodistas, se elabore la iniciativa de la nueva Ley.
El 16 de mayo del presente año, el ejecutivo del estado anunció el ingreso, al Congreso del Estado, de una iniciativa para abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocida coloquialmente como “Ley Borge”, con base en la petición de periodistas del estado y personas defensoras de los derechos humanos.
El 16 de junio pasado, diputadas y diputados de la 15 Legislatura convocaron a la realización de sólo tres Foros de Análisis de la ley antes citada, a realizarse el 20, 22 y 24 de junio, en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Cancún, respectivamente, a fin de conocer las propuestas del gremio periodístico y de las personas defensoras de los Derechos Humanos.
Observamos que:
1. Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocida coloquialmente como “Ley Borge”, NO ha sido abrogada.
2. La 15 Legislatura no elaboró un anteproyecto de Ley apoyándose de una organización especializada en la defensa de periodistas y de la Libertad de Expresión, como se solicitó, a fin de que fuera materia de consulta y objeto de observaciones en los foros, por parte del gremio periodístico y de personas defensoras de los Derechos Humanos.
3. NO se realizaron los foros en las ciudades de los 11 municipios del estado, lo que sin duda evitó democratización de este ejercicio y la amplia participación de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
4. Se impuso un formato de participación y desarrollo de los foros, no consensuado con periodistas y defensores de los Derechos Humanos, consistente en cinco ejes temáticos: Órganos Responsables de Garantizar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información; Protección Integral y Perspectiva de Género de los Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas; Mecanismo de Conformación del Sistema Quintanarroense de Protección y Protocolos de Investigación de los Delitos Cometidos en contra de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.
5. NO existe voluntad política para abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, toda vez que los foros se convocaron para definir en primera instancia si se reforma o se abroga la ley. Lo anterior nos hace pensar que existe el interés de revivir la llamada “Ley Borge”, sólo parchándola.
6. El texto de la iniciativa del ejecutivo estatal, ingresado el 16 de mayo del presente año, al Congreso del estado, para abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, no se ha hecho público y se desconocen los avances sobre la discusión de dicha propuesta.
Con base en lo anterior:
· Afirmamos que este H. Congreso del Estado, debe abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en agosto de 2014, pues su espíritu fue el de violentar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, además de restringir la labor periodística en Quintana Roo, lo cual quedó confirmado con la controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el fallo del máximo tribunal del país, al invalidar varios de sus artículos.
Quintana Roo fue convertido por el entonces gobernador del estado, Roberto Borge, en escenario de una persecución sin precedente en contra de periodistas y comunicadores, amplia y plenamente documentada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la organización Artículo 19 que, en julio de 2015, declaró a Borge Angulo “enemigo de la prensa independiente” y lo situó como “principal agresor” de comunicadores y activistas en la entidad.
· Demandamos al H. Congreso del Estado y al gobierno del mandatario, Carlos Joaquín González, que se desistan de aplicar en Quintana Roo, el sistema para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, lo que incluye los mecanismos locales, toda vez que han sido las autoridades estatales y municipales, las responsables de las agresiones en contra de activistas y comunicadores y, el manejo de dichos mecanismos, queda precisamente en manos de los gobiernos locales.
Conforme al Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, actualizado a marzo de 2017, en México han sido asesinados 104 periodistas, desde el año 2000. En más de un 90 por ciento, las agresiones provienen de gobernadores, alcaldes y autoridades locales. En un 99.85 por ciento de los casos, estos crímenes han quedado impunes.
De acuerdo con la organización Artículo 19, tan sólo en 2014, en Quintana Roo, se registraron 46 agresiones a periodistas, sin que uno sólo de los casos haya sido investigado a nivel estatal y mucho menos castigado a nivel federal o local.
· Exigimos al H. Congreso de Quintana Roo y al gobierno estatal, atender la discusión que actualmente se desarrolla a nivel nacional, con respecto a los mecanismos locales, pues a partir del asesinato del periodista, Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo pasado, el gremio periodístico en todo el país se ha pronunciado en contra de la existencia de mecanismos estatales, por su ineficacia y el peligro que representan para activistas y periodistas, toda vez que dichos instrumentos son manejados principalmente por autoridades locales, siendo los estados en donde ocurre el grueso de los crímenes en contra de comunicadores y activistas, lo que supone una simulación.
· Ante la aparente indefensión de activistas y comunicadores, que supondría carecer de mecanismos de protección locales, nos acogemos a la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al fortalecimiento urgente del mecanismo federal contenido en esa ley.
· En este punto, no omitimos mencionar que existe una intención del gobierno federal, por eludir su responsabilidad en garantizar la protección de defensores de Derechos Humanos y Periodistas, transfiriéndola a los estados, que es el ámbito en donde comunicadores y activistas son agredidos, lo que supone un doble agravio y riesgo para ambos sectores.
· Cuestionamos y convocamos a reflexionar sobre la pertinencia real de contar con una Ley estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, habiendo ya una Ley Federal.
· No omitimos subrayar que la existencia de la Ley local, sólo ha servido desde su origen, para dividir, enfrentar y confrontar al gremio periodístico, sin que obre evidencia de que su existencia se haya traducido en algún beneficio palpable para activistas y/o comunicadores, desde que cobró vigencia en agosto de 2014.
· En ese tenor, las y los abajo firmantes, periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos, expresamos nuestro profundo respeto a las y los colegas de todo el estado y condenamos enérgicamente todo intento, dentro y fuera del gremio periodístico, de dividirnos, enfrentarnos y confrontarnos, mediante una lucha alentada desde la tinta y el papel, que en realidad no existe de fondo, ni debería alimentarse, pues la intención de las y los periodistas que pugnan por la abrogación de la Ley, ha sido siempre la de atender el interés colectivo y alentar la participación respetuosa y responsable de las y los comunicadores, sin fobias ni filias.
· Condenamos los actos de espionaje que se han registrado en México, en agravio de periodistas, defensores de Derechos Humanos y hacia cualquier ciudadano en el país, por parte de los tres órdenes de gobierno.
· Hacemos un especial llamado al gobierno de Quintana Roo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a cualquier autoridad local, a evitar, desistir o frenar actos de espionaje o cualquier tipo de actividad que conlleve a la intromisión y violación de la intimidad y privacidad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos o cualquier ciudadano radicado en la entidad.
· Nos sumamos al movimiento nacional de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y demandamos el cese de asesinatos, agresiones y desapariciones forzadas a comunicadores y activistas.
· Exigimos garantías para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos a la Libertad de Expresión e Información; y la construcción de esquemas e instrumentos reales, efectivos y transparentes de protección para ambos sectores, para beneficio de estos, de la Democracia y de la propia sociedad.
Ahora que gobierna un partido de diferente color: PAN- PRD, los refugios de Felixistas y Borgistas son principalmente dos: Puerto Morelos, donde gobierno Laura Fernández, estrechamente vinculada a Félix; y Benito Juárez, donde Remberto mantuvo hasta el último minuto de su detención al borgista Mauricio Rodríguez, pese a todo y en contra de todos.
