Luego de que el Ayuntamiento de Tulum informó que el pasado 20 de julio aprobó el calendario para concluir el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió por segunda ocasión al alcalde Diego Castañón los nombres de los servidores públicos que participan en su elaboración, ante la posibilidad de que sean señalados por desacato a la sentencia de la controversia constitucional 68/2021 si persisten las dilaciones para expedir el documento.
El presidente municipal omitió inicialmente enviar los nombres, requeridos desde el 7 de julio, por lo que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, volvió a solicitarlos el pasado 20 de agosto.
Al mismo tiempo, advirtió que habrá una multa severa en caso de incumplimiento, debido a que Castañón es una de las personas responsables de la elaboración de los planes municipales y, según el acuerdo, “es notorio que la autoridad pretende esquivar los requerimientos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Además del alcalde, también podría ser multada la síndica Rifka Queruel Nussbaum, por ser representante legal del municipio.
Con la sesión del Órgano Ejecutivo del Comité del POEL de Tulum, Castañón cumplió sólo parcialmente el requerimiento formulado por la Corte el 7 de julio, lo que frenó por el momento el inicio de un procedimiento de destitución por desacato en su contra.
Sin embargo, el ministro presidente señaló que, aunque el municipio presentó información para atender el requerimiento, “de su contenido se advierte que no lo desahogó de manera integral”.
Quedó pendiente informar los nombres, cargos, direcciones y medios de contacto de todas las personas servidoras públicas o particulares que intervienen en la ejecución del fallo, ya sea de manera individual o como parte de un grupo de trabajo, así como precisar la actividad concreta que corresponde desempeñar a cada una.
“Por tanto, se requiere nuevamente al municipio de Tulum para que dentro del plazo de tres días hábiles remita de manera completa y precisa dicha información”, señala el acuerdo.
Aguilar Ortiz puntualizó que, de no proporcionar la información solicitada, se impondrá una multa a la síndica, por ser representante del municipio, y al presidente municipal, por dirigir la administración y ser uno de los responsables de la elaboración de los planes.
“La multa será severa, ya que es notorio que la autoridad pretende esquivar los requerimientos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, establece el acuerdo emitido el 20 de agosto y notificado al día siguiente.
Asimismo, la Corte requirió al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Ayuntamiento de Tulum que, en un plazo de 10 días hábiles, informen y remitan copias certificadas de las constancias que acrediten las actuaciones realizadas y las que estén encaminadas al cumplimiento de la sentencia.
En caso de incumplimiento, se les advirtió que podrán recibir una multa de hasta 120 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente actualmente a 14 mil 76 pesos.
