Ayer circularon en redes sociales videos en los que la delincuencia organizada somete de manera brutal a taxistas y trabajadores de la construcción. Un reportaje de Grupo Reforma, da cuenta de la situación que también alcanzó a Cancún.
Los albañiles ahora también son el objetivo. La delincuencia organizada tiene cautivos a los trabajadores de la construcción en Cancún como distribuidores en narcomenudeo, enlaces, halcones y, si se resisten, son ejecutados.
En lo que va de 2024 una sucesión de asesinatos y desapariciones de albañiles ha prendido alertas. Nueve albañiles han sido ejecutados por bandas de narcos y tres personas más fueron localizadas sin vida en una fosa ligada a grupos criminales que someten a los trabajadores de la construcción. Los cuerpos no han sido identificados.
En dos casos las ejecuciones y destazamientos fueron por no pagar una deuda de 4 mil pesos.
El pasado 8 de febrero la Fiscalía de Quintana Roo detuvo a una banda de ocho personas (6 adultos y 2 menores de edad) pertenecientes al grupo criminal «Los Bonfil«, como responsables del multihomicidio de cinco personas cuyos cuerpos fueron hallados al interior de un taxi.
El Ejido Alfredo V. Bonfil, ubicado en la mitad del camino del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la zona turística, es el punto neurálgico de la operación criminal.
El ejido de 5 mil 882 hectáreas distribuidas entre 210 ejidatarios y 32 asentamientos irregulares como El Pedregal, El Milagro, El Porvenir, La Chiapaneca y Tres Reyes, dejó atrás el proyecto de producción agropecuaria que hace 50 años pretendía dar de comer a Cancún y se convirtió en la madriguera principal de grupos criminales.
Se han encontrado cuerpos desmembrados en taxis; fosas que albergan restos destazados con machetes, sierras y cuchillos, cercanas a construcciones en curso; casas de seguridad con las huellas de violencia y datos de la esclavización de trabajadores obligados a consumir droga para aguantar jornadas extenuantes, y a la vez para servir como distribuidores de enervantes.
Entre los detenidos el 8 de febrero por ejecuciones estaban dos sinaloenses de 41 y 33 años de edad; dos campechanos de 31 y 29 años, un tabasqueño de 26 años y dos menores, uno de 17 años apodado «El Jabalí» originario de la CDMX y un niño de 13 años de Quintana Roo.
Bonfil es considerado por las autoridades estatales como «bastión de poder y refugio» de criminales. Con 20 mil habitantes, de los cuales 60 por ciento son inmigrantes, el ejido albergó al cártel de Leticia Lara Rodríguez, conocida como «Doña Lety» o «La 40», de 56 años de edad, originaria de Amatitlán, Veracruz.
La mujer, una exagente de la extinta Policía Judicial Federal (PJF), conformó el denominado «Cártel de Cancún«, en alianza con el Cártel de Sinaloa. En 2008, «Doña Lety» se escindió de los sinaloenses y fortaleció su propia agrupación, pero fue en el sexenio de Roberto Borge (2011-2016) que expandió su influencia en la entidad.
«Doña Lety» fue detenida el 9 de agosto de 2017 por elementos de la SEIDO y la Secretaría de Marina en Puebla; sin embargo, cinco años después (el 11 de noviembre de 2022) fue absuelta de las acusaciones de delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de arma de fuego.
El actual líder del Cártel, conocido ya como «Los Bonfileños», es Daniel Hernández García, alias «El 60»; conforme reportes policiales estatales, esa organización disputa con «Los Pelones» y «Los Rayos» el control del narcomenudeo, la extorsión y trata de personas.
Y también a mineros
En las playas de El Patole, una región costera del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, el Cártel de Sinaloa (CDS) hace hoyos, apila arena y usa agua de mar para combinarla con químicos en esas fosas para extraer oro de forma ilegal.
«Muchos pequeños mineros han tenido que dejar la actividad porque les cobran, los presionan, los amenazan o los sacan. Seguimos esperando que las autoridades pongan un alto a esto. Lo hemos denunciado de forma directa, ellos lo saben perfectamente bien», dijo un representante minero que pidió anonimato.
En una de las denuncias documentada la Secretaría de la Defensa Nacional y hackeada por el colectivo Guacamaya se señala a Iván Ernesto Báez Martínez, ex alcalde de San Ignacio, como una de las autoridades que ha permitido esta situación en complicidad con un presunto líder del Cártel de Sinaloa en esa región en el sur del Estado. Con información de Grupo Reforma.
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