Por un adeudo de más 3 millones 800 mil pesos para gastos operativos y salarios del personal que labora en las caravanas de la salud, habitantes de diversas comunidades rurales de los Bacalar y Othón P. Blanco están en riesgo por falta de servicio médico.
El personal que labora en estos consultorios móviles lamentó que por falta de recursos por parte del gobierno federal, y ante la tercera ola de Covid-19, estén «atados de manos» para poder desempeñar su función en cuanto atención médica en las localidades rurales.
Desde inicios del 2021, el estado dejó de percibir los recursos provenientes del gobierno federal para que las cuatro caravanas de la salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria número 1 acudan a las comunidades a prestar servicios médicos donde no hay clínicas o centros de salud.
Néstor Rojas, quien labora en las caravanas de la salud, señaló que el personal que integran las caravanas de la salud no han podido desempeñar su labor, porque carecen de los medios para mover las unidades, ofrecer medicamentos y demás servicios a la población de las comunidades con mayor rezago social.
Señaló que, pese a que están en la mejor disposición de cumplir con su función, no pueden operar sin recursos, por lo que de seguir esta situación están en riesgo más de 3 mil personas entre Bacalar y Othón P. Blanco.
Comentó que, hasta ahora, no han recibido respuesta de ninguna autoridad a las solicitudes realizadas para solventar este problema.
Incluso, acusó que a los más de 50 empleados de las caravanas de la salud, les adeudan más de 50 mil pesos de salario en lo que va del año. Sin embargo, continuaron realizando sus labores para no dejar en la indefensión a los habitantes de ambas demarcaciones.
“Ahora es imposible porque no contamos con recursos”, dijo el entrevistado.
Te puede interesar: Continúan servicios de salud gratuitos para la población de Benito Juárez
