El caso Aguakan llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por unanimidad, el Pleno atrajo este miércoles el amparo del empresario Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), con el que busca echar abajo una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero.
El asunto está relacionado con la prórroga de la concesión de agua de Aguakan y una contraprestación de más de mil millones de pesos a favor del gobierno de Quintana Roo, durante el gobierno de Roberto Borge (2011-2016).
El punto central que resolverá la Corte es si para librar la orden de aprehensión era necesaria una denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como establece el artículo 400 Bis del Código Penal Federal para determinados casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En concreto, los ministros analizarán si ese requisito debía cumplirse en el caso de Ballesteros Franco y, por tanto, si su ausencia afecta la validez de la orden de captura.
“Para el libramiento de la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir y administrar derechos de cualquier naturaleza, ¿es necesario cumplir el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal consistente en la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”, se planteó en la solicitud.
La atracción fue propuesta por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien retomó la petición presentada inicialmente por el propio empresario, ya que éste no tenía legitimación para solicitar directamente a la Corte que atrajera el asunto.
El asunto deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ballesteros Franco por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas con la prórroga de la concesión de Aguakan y una contraprestación de mil 55 millones 999 mil 962 pesos a favor del Estado de Quintana Roo.
Como resultado de la investigación, se libró una orden de aprehensión contra el empresario, quien promovió un amparo y también reclamó la supuesta emisión de una ficha roja de Interpol y una alerta migratoria.
Un juez federal le negó el amparo contra la orden de captura al considerar que existen indicios suficientes tanto de la posible comisión del delito como de la probable participación de Ballesteros Franco. También concluyó que la orden estaba debidamente fundada y motivada.
El asunto llegó después a un tribunal colegiado y ahora será la Suprema Corte la que determine si la denuncia de Hacienda era un requisito indispensable para ordenar la captura del empresario. Con información de La Jornada.
