Puerto Morelos, Quintana Roo.- Tras su pasó por el municipio de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, dejó una deuda de más de 139 millones de pesos por incumplimientos en el pago de impuestos y proveedores.

A través del informe de entrega-recepción, elaborado por la Tesorería, se detectó que la candidata de la alianza «Va por Quintana Roo» omitió al SAT el pago de 18 millones 903 mil 804.05 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2020 a septiembre de 2021.

Esto por el no pago de ISR de tres conceptos: retenciones por sueldos y salarios; retenciones por asimilados a salarios y retenciones por arrendamiento.

El SAT no fue la única instancia a la que Fernández Piña quedó debiendo, a esta se suma el crédito fiscal referente al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que fue notificado en 2018 por el SATQ.

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Por este rubro, se acumuló una cifra de 30 millones 389 mil 092 pesos. El 23 de enero de 2020 se acordó un convenio de pago en 20 parcialidades de 806 mil 3663, pero sólo se realizaron dos parcialidades.

«En consecuencia, por el incumplimoento se determinó un crédito fiscal por un monto equivalente a 28 millones 776 mil 364 pesos», indica el reporte.

Adeudos de Laura con IMSS y proveedores

A esto se suma los adeudos del Instituto Mexicano del Seguro Social por retención y no pago en 2020 y 2021, por los que se generó una suma total de 89 millones 725 mil 401.48 pesos.

«El 16 de marzo de 2022 se remitió un oficio al IMSS, en el cual, expresamente se reconoce la deuda de Puerto Morelos y se solicitó la generación de los números de créditos definictivos y así poder estar en posibilidad de realizar un convenio de pago», indicó el ayuntamiento.

Detectan fraude laboral

Asimismo, en la revisión de la cuenta se detectaron movimientos sindicales ilegales, es decir, fraude laboral. Además de un adeudo de 37 millones 295 mil 876.26 pesos en adeudo con proveedores varios.

Por todo esto, el ayuntamiento de Puerto Morelos informó que ha presentado tres denuncias por el delito de peculado, por el tema de obras públicas con recursos federales; por defraudación a los regímenes del seguro social y por negligencia en el desempeño de la función pública.

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