En el Día Mundial contra el VIH-SIDA, activistas y organizaciones civiles alzaron la voz para rechazar los recientes cambios al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), al considerar que ponen en riesgo la atención de miles de pacientes con enfermedades de alto costo.
El ajuste aprobado por el gobierno federal eliminó la obligación legal de destinar una parte del presupuesto al tratamiento de padecimientos como cáncer, VIH, enfermedades raras y cuidados intensivos.
Roberto Guzmán, director de Red Posithiva calificó la decisión como una medida insensible que deja en el desamparo a quienes dependen de estos recursos para sobrevivir.
En Quintana Roo, dijo, al menos 2,000 personas con VIH enfrentarán un panorama crítico. A nivel nacional, estimó que más de 200,000 mexicanos podrían quedar vulnerables. “Ahora necesitamos una respuesta real del gobierno del estado, no solo la foto del 1 de diciembre diciendo que todo está bien”, afirmó.
Guzmán advirtió que el impacto será inmediato: los medicamentos en existencia deberán racionarse, pese a que sus altos costos los vuelven inalcanzables para la mayoría.
Por ejemplo, un tratamiento como Biktarvy cuesta 15,000 pesos; Triumeq, 16,000 pesos, y la PrEP, utilizada para prevenir la infección en personas en riesgo, ronda los 4,000 pesos. “Para una persona de escasos recursos, es prácticamente imposible costearlos”, señaló.
Rechazo generalizado
El rechazo de colectivos de salud en todo el país coincide en varios puntos: advierten que la desaparición del fideicomiso del fondo abre la puerta al uso discrecional de los recursos, deja sin garantía financiera a quienes padecen enfermedades catastróficas, y no resuelve los problemas estructurales del sistema de salud, como la falta de medicamentos, infraestructura y personal.
Además, apuntan a la falta de claridad en la transición hacia el IMSS-Bienestar, sin mecanismos que aseguren atención continua y de calidad.
Para los activistas, la reforma no solo debilita un soporte esencial, sino que compromete el derecho a la salud de los grupos más vulnerables. Por ello, insisten en que las nuevas reglas ponen en riesgo vidas y demandan que se restituya un esquema financiero sólido y protegido.
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