La reciente pandemia por Covid-19, agudizó todavía más la brecha entre ricos y pobre ya existente en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe regional de Desarrollo Humano 2021 «Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento».

Este Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza la trampa en la que se encuentra sumida la región, que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los países de América Latina y el Caribe tienen indicadores sociales por debajo de los esperados

Sostiene que los países de la zona mencionada son más desiguales que otros y sus indicadores sociales se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio; esto, pese a los avances de las últimas décadas.

El informe explora tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento:

  • La concentración de poder.
  • La violencia en todas sus formas.
  • Las políticas de protección social que no funcionan bien.

Señala que la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento.

El poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones

Un ejemplo que se explora en el informe es el rol de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de redistribución.

Para balancear la distribución de poder, el organismo sugiere explorar líneas de acción como la regulación del lobby y el financiamiento de las campañas políticas.

La zona es la más violenta del mundo

También se destaca que la región es la más violenta del planeta, y advierte que si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, contribuyendo a perpetuar su estado de privación.

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Entre las líneas de acción que propone el documento para abordar este tema, figuran el fortalecimiento de los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.

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