Por cobros desproporcionados en los servicios municipales de tres municipios, la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad 19/2024 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de diversas disposiciones de las leyes de hacienda de 3 municipios de Quintana Roo.

El 18 de enero de 2024, la CNDH presentó dicho recurso dentro del plazo establecido para presentar la demanda ya que el 21 de diciembre de 2023 fueron dados a conocer las nuevas tarifas en las leyes de hacienda de los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez.

La búsqueda de documentos más cara

En el caso de Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las tarifas por la búsqueda de documentos o expedición de copias certificadas de archivos, ya sea del Registro Civil o en la Tesorería, son injustificadas y desproporcionadas.

«No atienden a los costos que le representa a los  7 municipios la prestación de esos servicios, por lo que vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal», indica el texto de la demanda.

En Felipe Carrillo Puerto, en donde radica la población con mayor rezago social, los cobros son más altos. Por ejemplo:

-Por la certificación y búsqueda de documentos que obren en el Registro Civil Municipal se pagará la cantidad de $1,085.7 pesos

-Por la expedición de copias certificadas de constancias existentes en el archivo municipal, por cada hoja, se solicitará el pago de $108.57 pesos.

En tanto, que en Benito Juárez su nueva tarifa es la siguiente:

-Por la búsqueda de documentos en el Registro Civil municipal, se cubrirá una cuota de $66.22 pesos.

-Por la búsqueda de documentos en la Tesorería Municipal se pagará la cantidad de $132.45 pesos.

-Por la expedición de copias certificadas de archivos y/o documentos que obren en el Municipio, la tarifa a pagar es de $33.65 pesos.

El caso de Tulum

Otro cobro que impugnó la Comisión fue el de 5% por el servicio de alumbrado público y su mantenimiento, que afecta a los habitantes de Tulum.

«Por una parte, que el Congreso local en realidad estableció un impuesto sobre el consumo del fluido eléctrico, cuestión que está fuera de su competencia legislativa, por lo que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad; por la otra, su diseño permite que se cobren montos distintos sobre un mismo servicio y sin que la cuota responda al costo que para el municipio tiene la ejecución del servicio, en contravención a los principios de justicia tributaria», señala el documento.

A la Suprema Corte de Justicia le solicita, que «al dictar sentencia corrija los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados, así como de los conceptos de invalidez planteados en la demanda».

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