La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó al Ejército Mexicano la autorización de impacto ambiental para la construcción de instalaciones de la Policía Militar en Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, tras comprobar que las obras habían comenzado con el desmonte de más de 45 mil metros cuadrados de selva sin contar con permisos previos.
De acuerdo con el resolutivo publicado en la Gaceta Ecológica, la dependencia documentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició el cambio de uso de suelo forestal y avanzó en la edificación de infraestructura antes de tramitar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que constituye una violación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y a su reglamento en materia de evaluación.
La Semarnat señaló que esta actuación “hizo perder el carácter preventivo del trámite” y turnó el caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que determine las sanciones correspondientes.
Las obras sin autorización
El proyecto contemplaba instalaciones con áreas de descanso, espacios funcionales, bodegas, infraestructura para el mantenimiento de equipo y sistemas de apoyo al Cuerpo de Policía Militar y a dos compañías de la Guardia Nacional (GN Cap. 150 y 210). Sin embargo, la dependencia constató con fotografías que la Sedena ya había desmontado selva mediana subperennifolia en una superficie de 45,531.11 m² y avanzaba en la construcción de los edificios.
Antecedentes de irregularidades
No es la primera vez que las fuerzas armadas inician obras sin autorización ambiental. Casos similares se han registrado en el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y en bancos de material pétreo utilizados para esas obras. En varios de ellos, las regularizaciones se solicitaron meses o incluso un año después de iniciar actividades de extracción o construcción.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Semarnat otorgó “permisos provisionales” —figura no prevista en la normatividad ambiental— para proyectos estratégicos como el Tren Maya. Estos permisos han sido cuestionados porque contravienen el espíritu de la evaluación de impacto ambiental, cuyo objetivo es prever las consecuencias negativas antes de iniciar obras.
Con información El Economista.
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