A siete días del terremoto que sacudió Colombia, la emergencia deja 287 personas fallecidas, 4 mil 147 lesionadas y más de 190 desaparecidas, además de una devastación extendida a 15 departamentos y 472 municipios.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contabiliza 127 mil 608 viviendas averiadas, 26 mil 392 destruidas y 197 edificios colapsados.
Aunque Bogotá y Medellín registraron daños menores, cinco capitales departamentales quedaron en alerta roja. Entre las zonas más afectadas destacan Quibdó, en Chocó, cerca del epicentro; Cali y Buenaventura, donde la magnitud de los daños evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura y las limitaciones de los servicios públicos.
La emergencia también golpeó severamente la infraestructura: más de 300 centros de salud, 3 mil 200 centros educativos y 4 mil centros comunitarios resultaron afectados. También se reportaron daños en 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 peatonales y cinco aeropuertos.
Hasta el domingo habían sido rescatadas con vida 355 personas, pero el paso de los días redujo las posibilidades de encontrar sobrevivientes después de la ventana crítica de 72 horas. Entre los casos más dramáticos está el de un bebé localizado entre los escombros en Cali. Mientras su madre murió tras permanecer atrapada durante varios días. En la misma ciudad, dos trillizas fallecieron y sus padres fueron encontrados muertos y abrazados.
Fallas y cuestionamientos al gobierno
La emergencia también expuso problemas en la respuesta oficial. Una de las primeras controversias surgió cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres respondió inicialmente que Colombia contaba con suficientes expertos locales y no requería equipos internacionales. Pese a que varios gobiernos ofrecieron de inmediato rescatistas y asistencia especializada.
El Salvador señaló que Colombia aceptaba donaciones, pero no asistencia técnica, mientras China pidió mayor claridad para agilizar su ayuda. Las dudas sobre la coordinación internacional se sumaron a las demoras y descoordinaciones entre funcionarios del gobierno saliente y la nueva administración, lo que generó una de las primeras crisis de imagen para el presidente Abelardo de la Espriella.
En Quibdó, comunidades denunciaron que la respuesta estatal no fue inmediata ni coordinada, mientras que en Buenaventura ciudadanos tuvieron que asumir parte de la atención ante la falta de electricidad y agua. La ciudad, con más de 430 mil habitantes, tampoco cuenta con un hospital público de tercer nivel, por lo que el principal centro médico tuvo que instalar carpas para atender a los heridos.
El desastre también dejó al descubierto problemas estructurales que agravaron sus consecuencias. Expertos señalan que cerca de 60% de las construcciones en Colombia se realizan bajo esquemas de informalidad y que existen numerosas edificaciones antiguas que fueron levantadas antes de las normas sismorresistentes y que no han sido actualizadas.
Reto: Reconstrucción o austeridad
La magnitud de los daños coloca ahora al gobierno ante una doble crisis: atender a miles de damnificados y reconstruir infraestructura esencial en un país que había prometido austeridad y reducción del déficit. El costo de reconstrucción podría rondar 1% del Producto Interno Bruto.
Más allá de la respuesta gubernamental, la emergencia ha generado una amplia movilización ciudadana. En Cali, el Festival Petronio Álvarez se convirtió en centro de acopio con más de mil 200 voluntarios. Mientras empresarios y figuras públicas anunciaron millonarias donaciones para reconstruir hospitales, escuelas y atender a las comunidades afectadas. (Con información de CNN)
Te puede interesar: Revela Profepa enfermedades crónicas y cáncer en delfines de Dolphin Discovery
