Cancún, Quintana Roo.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el gobierno de Quintana Roo, así como el de los 11 municipios, está obligado a indemnizar en su totalidad aquellos ciudadanos que sufran un daño en sus bienes a causa de la deficiencia de los servicios públicos
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 175/2020, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, ahora las administraciones deberán pagar los daños ocasionados por baches, debido al mal estado de las calles, entre otras fallas en los servicios públicos.
Los ministros de la SCJN consideraron que el establecer un monto máximo de 378 mil 651 pesos para reparar cualquier daño por malos servicios públicos -sin importar el valor del bien afectado o si es pérdida total-, establecido en la ley arriba citada contradecía el fin de la norma, que era elevar la calidad y profesionalismo de los servicios públicos.
“Ello implicaba una limitación al derecho a la justa indemnización, que no respondía a la dimensión o gravedad del daño causado, ni a la falta de diligencia del Estado para evitarlo”, mencionó la SCJN a través de un comunicado.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo entró en vigor el pasado 21 de febrero de 2020 al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
