Dos invasiones han sido denunciadas en los últimos dos años.
El Tren Maya y la inminente apertura de las ruinas de Ichkabal, han detonado la codicia por las tierras frente a la laguna de Bacalar.
Por Luciano Núñez
Los ojos de Gustavo Rodríguez Elizarrarás se encienden de rabia cuando lo cuenta. Ha trabajado toda una vida para adquirir el sueño de su vida: un terreno para un proyecto sustentable a la orilla de una de las lagunas más hermosas del mundo en Bacalar. Y ese sueño de un día para otro se ve seriamente amenazado por un grupo que intenta apoderarse de sus tierras. “Siento impotencia, frustración y desilusión de las autoridades que no actúan con la celeridad que esperamos las víctimas”, dice entrevistado por Grupo Pirámide. “Los delincuentes viven en la total impunidad porque saben que, por incapacidad, corrupción o exceso de trabajo, la justicia no actúa. Las víctimas que somos gente pacífica, con reconocimiento desde hace casi 40 años”, reniega en una mañana calurosa y húmeda.
Desde hace dos años ha sufrido dos invasiones con suma violencia y ha recibido mensajes con amenazas directas. Hasta ahora, todavía la Fiscalía no ha logrado asegurar el predio que, con documentos oficiales, Rodríguez Elizarrarás ha demostrado son suyos desde 1990.
Con cierto desánimo, pero fiel a la lucha por el patrimonio, dice este emprendedor que de un día para el otro se ha roto un proyecto de vida, una ilusión, un proyecto de desarrollo sustentable, “ellos quieren trasladar los terrenos a las grandes corporaciones para poner hoteles de muchas estrellas y muchos pisos y destrozar un ecosistema que es demasiado frágil y que no merece esto”.
No es un secreto que en pocos años Bacalar será el Tulum de Quintana Roo, y por ello, existe una gran especulación por los terrenos. Sobre todo desde que está en marcha el Tren Maya que llegará hasta allí, así como la apertura de las Ruinas de Ichkabal, que superan en tamaño a las de Chichén Itzá.
Despojo y amenazas
Rodríguez Elizarrarás es propietario de 70 hectáreas entre la carretera y laguna. Desde 1985 adquirió esta propiedad que escrituró en 1990. “Todo está registrado ante Registro Público de la Propiedad”; dice mientras enseña la copia de los documentos. El predio, denominado desde 2007 como Huub’ Sak, formó parte del que fuera Rancho Cinco Hermanos, con superficie de 363.4 hectáreas.
Modus operandi: Amparo
El 24 de julio del 2017, dos días antes de ejecutar la primera invasión, quién a la postre se ostentaría como propietario, tramitó un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, en Chetumal, contra todas las autoridades. Dos días después, alrededor de 50 individuos armados corrieron al vigilante a punta de pistolas y armas largas. Fue el 26 de julio de 2017.
Desde entonces, Rodríguez Elizarrarás levantó una denuncia por despojo (FGE/QR/BA/07/507/2017), que fue procesada lentamente. “Sigo pidiendo que la autoridad ejecute el aseguramiento de los predios para evitar que los delincuentes pasen encima de la ley”, dice el denunciante que pide que todos los reclamos se hagan por la vía legal y no la violencia.
No sólo sus propiedades fueron invadidas: fueron alrededor de 700 hectáreas tomadas en ese entonces por un grupo de al menos 100 personas armadas, todos al lado de la carretera federal Cancún-Chetumal.
La ocupación se mantuvo durante un año y, a fines de marzo de 2018, evacuaron sin decir nada. “Aparentemente desaparecieron, pero las personas que pretenden ser dueños de estas fracciones, siguen argumentando que la propiedad es suya en base a unas escrituras totalmente manipuladas que cualquier autoridad lo puede probar. La desincorporación nacional del terreno Cinco Hermanos, fue a fines de los años 80”, asegura el hombre que ronda los 80 años que, por todo lo que ha atravesado, prefiere no acceder a una fotografía.
Segunda invasión y amenaza
No todo terminó ahí. En abril del año pasado entró otro grupo fuertemente armado e invadió las fracciones 2,3 y 4, equivalente a 174 hectáreas, pero sólo pudieron ocupar 2 y 4, dado que la 3 estaba resguardada por guardia privada.
De acuerdo a información recabada por los afectados, el reclamo de quienes pretenden la propiedad proviene de José Osvaldo Morales Correa, quien presentó una solicitud de los predios como si fuesen terrenos nacionales. “Evidentemente debe darse la improcedencia, porque no es posible que no tenga Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) la cartografía y la historia de este predio. Yo tengo la documentación y no pueden reclamarse estos terrenos como nacionales”, aclara. Y agrega que quien se presentó en diciembre pasado a los terrenos fue Samuel Aguilar, que le explicó que quien le cedió los derechos es Osvaldo Morales. “Yo mismo le dije que eso no tenía valor, porque los terrenos no son nacionales”, recordó.
Días después de este encuentro, aparecieron en el predio pintadas amenazantes. “Nos dijeron claramente que ellos tenían fuerza para mandar gente y cumplieron: lo hicieron el 10 de enero”, sigue el relato. En esa nueva embestida expulsaron, con lujo de violencia, según contó el cuidador. “dispararon armas de fuego de alto calibre. Intervino la policía, pero cuando llegaron ya se habían ido. Nada más llegaron a amedrentar”, dice el empleado. “Se trata de una ocupación por miedo”, describe.
-¿Qué le pediría a las autoridades?
-Que cuiden la integridad de las víctimas frente a las amenazas que ya están denunciadas. La Fiscalía judicializó el caso, pero también en el poder judicial va a dormir el sueño….porque mientras no se vincule a proceso el indiciado de la primera invasión, entonces no puedo recuperar el terreno, que quedó demostrado que es mío, que hubo un despojo y que hay un delito.
-¿Quiénes están detrás de esto?
-Aparentemente hay dos personas: José Ramón Martínez López y otros que se hicieron socios de esta manipulación, Gabriel Soto Pozos.
Antecedente en Tulum
Durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, ex gobernador que hoy todavía está preso, se dieron numerosos casos de invasiones en el municipio de Tulum. El modus operandi ahí fue otro. Se usó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que supuestos empleados ganaran diversos juicios laborales (laudos) y con ese argumento legal poder embargar propiedades, incluso, varios hoteles. Ya durante la actual administración de Carlos Joaquín fueron recuperados y entregados a sus legítimos dueños varios hoteles y tierras.
A pocos años de esta pugna en la que perdió la vida un abogado y fue afectado el patrimonio de decenas de familias, la mujer del denunciante, de origen francés, asegura que existen al menos otras cuatro familias del lugar que están en la misma situación: invadidos por quienes dicen que se trata de terrenos nacionales. “Aquí la gente tiene escrituras, paga su predial, pero lamentablemente hay gente que no se sabe defender. Y al igual que ellos, sólo mastican impotencia, dolor y rabia cuando hablan del sueño que se escapa entre las manos.
