Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, dijo que no le permitieron presentar su análisis y lamentó que la legislatura tiene a diputados sin la técnica jurídica adecuada.

Por Luciano Núñez 

Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, preparó un minucioso análisis de la ley que pretende aprobar el Congreso del Quintana Roo, y que según ese estudio, coartaría la libertad de expresión: no lo dejaron presentar el escrito. Tras esa negativa, Grupo Pirámide lo entrevistó para conocer de qué se trata la iniciativa promovida por la nueva presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jissel Castro Marcial.

—¿Qué nos puede decir sobre esta iniciativa que se refiere a coartar ciertas libertades, el derecho a la intimidad?, y que violaría la libertad de expresión, según algunas voces.

—La opinión de la Barra de Abogados de la Riviera Maya es que la iniciativa presentada por la diputada Jissel Castro Marcial no es clara, no establece cronológica u organizada el cómo pretende regular la libertad de expresión o coaccionarla, con el pretexto de proteger el derecho a la intimidad personal.

—¿Nos puede decir a detalle por qué?

—La iniciativa en la exposición de motivos sugiere que sea tomada en consideración como una acción afirmativa en materia de derechos humanos, pero todos sabemos que las acciones afirmativas son políticas públicas, cuyo objetivo es compensar las condiciones que atañen a grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. Creo que señalar esto en su exposición de motivo, desde ahí ya vemos un error. Por otra parte, también establece en su iniciativa que está buscando el derecho a la intimidad personal, en la cual, estamos de acuerdo en que pudiera regularse o establecerse ciertos límites; sin embargo, la línea de esta situación en coartar el derecho a la opinión o a la libertad de expresión, es muy delicada.

—¿Qué dice nuestra Constitución al respecto?

—Nuestra Carta Magna ya establece en sus artículos sexto, séptimo y 16, las condiciones respecto al tema de la intimidad personal. En el artículo sexto dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral o la vida privada de los derechos de terceros, cometa algún delito o perturbe el orden público. Para eso se tiene ya el Derecho de Réplica, el cual, será ejercido en términos impuestos por la ley.

“Sí hay mecanismos: está el derecho de Réplica”

—Si ya está en el ámbito federal, ¿cuál sería el sentido?

—Es que no vemos sentido a una iniciativa que busca limitar la libertad de expresión cuando ya se tienen leyes y normas que nos permiten, en caso de sentirnos vulnerados en nuestra dignidad personal, acudir a los tribunales; prueba de ello y aquí en Quintana Roo es muy relevante lo que le pasó a un periodista, quien incluso publicó que tuvo que salir del Estado por temor a su seguridad, en el cual, se realizó una acción contra él por la vía civil por daño moral. Es decir, eso quiere decir que sí hay mecanismos para buscar algún tipo de derecho que se piense vulnerado por la persona que sienta que se violentó su intimidad personal. También tenemos que cualquier persona, como lo dice el artículo sexto constitucional, tiene el derecho de réplica: si tú consideras que alguien está entrometiéndose en tu vida personal o afirma algo que no es correcto, tú puedes pedir tu derecho de réplica ante el medio que publicó la nota y dar tu versión.

“No es clara y no abunda en cómo lo hicieron otros estados”

—Esto ya había sido desarrollado en la Ley de Imprenta que fue modificada y que fue establecida en la Constitución, es decir, ya hay un andamiaje de los derechos que amparan esta figura.

—Lo que estamos señalando es que resulta controversial el no referirse de forma clara y en apego al orden jurídico de la Constitución, qué es realmente lo que quiere regular, qué es lo que quiere limitar. No es clara en su exposición de motivos el contenido de la iniciativa y además, hay que recordar que la Ley de Imprenta ya fue abrogada; basarse en algo que ya no existe, creo que también es un desacierto de la iniciativa. También observamos que ella trata de poner como ejemplo otros Estados de la República donde ya se ha elaborado algún tipo de regulación en este sentido. Sin embargo, no abunda más en cómo lo hicieron esos Estados, qué tanta fue la regulación que hicieron al respecto.

—¿Qué es lo que están solicitando mediante este escrito?

—Lo que pedimos, aparte de este análisis que compartimos a todos los medios de comunicación y a la opinión pública, son cuatro puntos fundamentales en el escrito:

1. Tener reconocida la capacidad técnica que tiene la Barra de Abogados de la Riviera Maya para hacer este tipo de análisis.

2. Suspender de forma temporal la aprobación de la iniciativa, que no se discuta, que no se vaya a votar a favor, porque provocaría daños a los medios de comunicación, incluso a los ciudadanos que les gusta compartir o emitir alguna opinión del medio social.

3. Solicitamos que se generen mesas de trabajo con todas las organizaciones Ong’s, con todas las asociaciones pro-defensa de los derechos humanos, con los colegios y barras de abogados del Estado, para que se discuta, se analice a conciencia lo que pretenden hacer los diputados y tengamos entre todos los sectores de la sociedad propuestas de cómo poder evitar esta censura que quieren hacer los diputados. De ese análisis, tener reglas claras la reforma constitucional que aquí quiere discutir la diputada.

“No hemos tenido legisladores con la técnica jurídica adecuada”

—No es la primera vez en Quintana Roo que se trata de limitar las opiniones a la prensa. Con Roberto Borge hubo una intentona que fue revertida, fue abrogada. ¿Por qué estos intentos políticos de censurar?

—Parte de esto es que no hemos tenido legisladores con la técnica jurídica adecuada, con el perfil adecuado para ser un representante social, para poder llevar a tribuna iniciativas que en verdad beneficien a los ciudadanos y no solo a algún sector, a algún grupo o a algún partido político. Esa parte es la que nos sigue faltando en Quintana Roo, elegir mejores representantes sociales y también a los partidos políticos les ha hecho falta proponer mejores candidatos y candidatas para que tengamos un Congreso verdaderamente autónomo y con una mejor técnica legislativa para proponer cualquier iniciativa que necesite la población. Creemos que ahí ha estado la falla en Quintana Roo.

—También una legislatura de las más caras del país, según algunas organizaciones internacionales.

—De hecho, con transparencia cualquier persona puede verificar, el Congreso de Quintana Roo es uno de los más costosos de la República, con un número de diputados inferior al de otros Estados, pero que el presupuesto que se le otorga es altísimo; consideramos que es un exceso el presupuesto que se le da, lo que mejor debería aplicarse a instituciones que sí necesitan recursos, como la Fiscalía General del Estado, como el Poder Judicial que hoy en día no tiene presupuesto para mejorar sus instalaciones, muchos de los juzgados están en pésimas condiciones, no tienen el personal suficiente, los abogados tienen salarios de 5 o 6 mil pesos, que no van acorde a un profesionista que ya estudió muchos años para impartir justicia.

 

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