Texas aprobó una de las más draconianas legislaciones migratorias en la historia de Estados Unidos, incluso peor que la ley DeSantis, que permitirá a policías estatales y locales arrestar y deportar a cualquier persona que se considere “sospechosa” de haber cruzado ilegalmente a esa entidad, además de criminalizar a menores de edad de 10 a 17 años por su forma de ingresar a esa región.
Con la ley SB4, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de Texas, dominada por republicanos, y que será promulgada por su patrocinador, el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, define un nuevo delito estatal de entrada ilegal al estado, por lo que autoriza también a las policías de Texas a deportar sumariamente a los presuntos migrantes sin acatar los requerimientos constitucionales del debido proceso.
La inminente promulgación de esa ley ha detonado airadas reacciones por parte de organizaciones defensoras de migrantes, las cuales se dicen preocupadas por el comienzo de una nueva era de discriminación racial contra personas de origen hispano que sean detenidas y arrestadas ya sea por el color de su piel o por su aspecto físico sin que hayan cometido ninguna falta o violación a alguna legislación.
Expertos en derecho internacional consideran que la legislación texana puede dar lugar a una disputa legal con el gobierno de México, toda vez que los oficiales de Texas pueden enviar hacia territorio nacional a miles de personas al margen de su estatus migratorio o nacionalidad.
Incluso antes de la promulgación de la ley por parte del gobernador Abbott, el gobierno mexicano advirtió que el paquete de medidas legislativas aprobadas por Texas traerá afectaciones a los derechos humanos de más de 10 millones de connacionales que residen en esa entidad.
Rechazo de México
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) externó su rechazo a las medidas antiinmigrantes de la ley SB4 aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de Texas el pasado martes, que permite a autoridades locales y estatales detener a personas que sospechen hayan ingresado sin documentos al estado.
Cabe destacar que la ley incluye la creación del delito estatal menor por ingresar y reingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de territorio texano y permite a jueces expulsar a los migrantes de forma inmediata.
Además, si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales, el delito se convierte en grave y conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
La SRE apuntó que reconoce la soberanía de cada país con respecto de sus políticas públicas; sin embargo, externó que México también tiene el derecho de proteger los intereses de los connacionales en Estados Unidos y de establecer sus propias políticas internas, por lo que rechazó que se pudiera expulsar migrantes hacia el país.
Además, la cancillería mexicana dio su respaldo al trabajo conjunto que ya se lleva a cabo con la administración del presidente estadounidense Joe Biden para lograr una migración ordenada, segura, regular y con respeto a los derechos humanos de los extranjeros que buscan cruzar a ese país. Con información de Milenio.
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