La famosa frase: Más vale pedir perdón que pedir permiso, no aplica para los inversionistas del proyecto inmobiliario Maiim, en Tulum porque tendrán que demoler el edificio. Además, revela irregularidades en la emisión de la licencia de construcción que otorgó el gobierno de Diego Castañón porque carece de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Problema, que también comparte la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), que encabezaba Armando Lara de Nigris por emitir la congruencia urbanística estatal.
Antonella Vázquez, integrante de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), informó que el juzgado Quinto de Distrito en Cancún emitió la sentencia del juicio de amparo indirecto 952/2024-A-2 promovido por la organización en contra del proyecto inmobilario en la que pide a Desarrollo Urbano de Tulum que deje sin efecto la licencia de construcción emitida el 17 de junio de 2022.
Y a Sedetus, encabezada por José Alberto Alonso Ovando a partir de enero de este año, le precisa que cancele la constancia de congruencia urbanística expedida el 30 de octubre de 2023.
A ambas dependencias, les indica el Juzgado Quinto de Distrito que «emitan sendas resoluciones en las que, cada uno de ellos, niegue el trámite respectivo por no contar con el proyecto sometido a su examen con una manifestación federal de impacto ambiental».
También las autoridades competentes deben ordenar a los inversionistas de Maiim que se abstengan de continuar cualquier obra en el sitio afectado y lo restituya a su estado base y, en caso de negativa, lo hagan a su costa. Es decir, tendrán que demoler por su propia cuenta o, las autoridades lo harán con cargo a los inversionistas. Aunado a que la obra se edifica en una zona de conservación de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET).
«Es un condominio de 30 departamentos ya casi concluido desafortunadamente. Pero hoy en día tiene una orden de que se ejecute la ley y que se restaure. Y esto para nosotros significa demolición, es lo que queremos ver y es lo que creo, que necesitamos en Quintana Roo», afirmó la activista Antonella Vázquez.
Y será Profepa quien supervise que se cumpla la sentencia.
Recuento de daños
Los vecinos presentaron primero una denuncia en contra del proyecto y luego, Profepa, al presentarse al lugar, detecta que los inversionistas carecen de la Manifestación de Impacto Ambiental. Dicha dependencia ambiental les plantea que la tramiten -contaban con un plazo de 70 días-.
Antonella Vázquez recordó que a finales de 2023 observaron la construcción sin permisos de Adamar en la Bahía de Soliman. Al documentar este caso, detectan que Maiim estaba en similares condiciones, excepto que la obra estaba avanzada y tenía una denuncia en Profepa.
«Al ver esta otra y luego saber que era este mismo modus operandi de construcción: ‘Más vale pedir perdón, que pedir permiso’. Y darnos cuenta que después de casi 3 años de iniciar su construcción estaba pidiendo una autorización de impacto ambiental, fue que decidimos al menos intentar, documentar y presentar una demanda de amparo indirecto», recordó.
La decisión del Juez, «sienta un precedente importante en materia de justicia ambiental, fortaleciendo el papel de las organizaciones civiles en la defensa del territorio y reconociendo la obligación de todas las autoridades de actuar conforme a los principios de sustentabilidad y precaución», aseguró.
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