Mientras naciones como España marcan una línea tajante al prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, México —y particularmente Quintana Roo— navega en un silencio legislativo que mantiene a la infancia en una vulnerabilidad digital sin precedentes.
La iniciativa global, impulsada por el temor a la trata de personas y la pornografía infantil, plantea una interrogante que sacude las estructuras familiares y políticas: ¿es la prohibición la cura definitiva o simplemente un paliativo ante la falta de supervisión humana?
En la entidad, el vacío de análisis sobre el tema contrasta con la realidad de las aulas y hogares, donde dispositivos electrónicos se han convertido en los “cuidadores” principales de las nuevas generaciones.
La discusión no es menor, pues se centra en si las plataformas digitales son herramientas que potencian el aprendizaje o si, por el contrario, inhiben el desarrollo cognitivo al sustituir la interacción humana por algoritmos.
Ante este escenario, especialistas advierten que el riesgo no reside únicamente en la tecnología, sino en la estructura neuronal que se está formando bajo su influencia.
Desde la óptica de las políticas públicas, el reto para Quintana Roo radica en fortalecer instituciones como el SIPINNA y los servicios de salud mental para implementar una verdadera alfabetización digital.
No se trata solo de bloquear aplicaciones, sino de crear un marco de protección que contemple los riesgos de ansiedad, depresión y adicción comportamental que el ciberacoso y el contenido inapropiado están generando en la juventud quintanarroense. Con información de Quintana Roo Hoy.
