Cancún, Quintana Roo.- La organización Gobernanza MX celebró las tres decisiones que emitió el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las que condenan a los gobiernos de Ecuador y Nicaragua, por las violaciones a los derechos humanos de tres niñas –Norma, Lucía y Susana– que fueron forzadas a la maternidad.
A través de un comunicado, la organización consideró histórica esta condena, ya que América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo, además de que 80 por ciento de las víctimas de violación en la región, son niñas de 10 a 14 años.
Incluso, dos de diez de estos embarazos son producto de violencia sexual, y en muchos de los casos se trata de violaciones repetidas.
“Estas decisiones, emitidas el pasado 20 de enero, son el resultado de una estrategia de litigio internacional iniciada desde 2019 por el movimiento ‘Son Niñas, No Madres’, una coalición conformada por más de una decena de organizaciones, que trabaja para informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas, así como exigir la protección de sus derechos”, indica el comunicado.
Incluso, este movimiento también consideró como “históricas” las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque, por primera vez, dicho organismo reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales, además de que restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y afecta su derecho a una vida digna.
También indicó que “negar el acceso a servicios de salud reproductiva refuerza los estereotipos de género, basados en la función reproductiva de la mujer y constituyen una forma discriminación interseccional basada en el género y la edad”.
Gobernanza MX subraya que las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son de cumplimiento obligatorio e instan a los países demandados a generar tanto medidas de reparación para las víctimas, como medidas de no repetición, para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo.
“Además, abren un camino para hacer extensiva la justicia que obtienen hoy Norma, Susana y Lucía a miles de niñas en todo el mundo, pues la jurisprudencia internacional de estas decisiones aplica a los más de 170 países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, agrega en el documento.
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Asimismo, el Comité estableció medidas que deberán ser aplicadas en la región, como modificar la legislación para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente embarazos que son producto de violación sexual o impliquen un riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada. Esto para eliminar las barreras de acceso.
También combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos y capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual y velar por una actuación efectiva, cuando exista peligro por antecedentes de agresiones similares.
Y, aplicar medidas de reparación individual, como la indemnización a las sobrevivientes, contar con acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus proyectos de vida y lograr sus metas educativas, profesionales y familiares, interrumpidos por las maternidades forzadas.
