La escena transcurre la madrugada del viernes, cerca de 1.30. Esquina de Kabah y Andrés Quintana Roo. El policía detiene la marcha del vehículo en el que transitan madre e hija (además enferma) y le pregunta a la conductora si ha ingerido alcohol. Ella le contesta que una cerveza. La respuesta inmediata del policía es: “si quiere pasar sin soplar la boquilla, son 3 mil 500 pesos, para que no tome riesgos”, le aconseja el uniformado. Así de directa es la ingeniería del negocio en el que se ha convertido el alcoholímetro en Benito Juárez. Uno de los pocos programas que estaba integrado por ciudadanos y que se mantenía lejos de las malas prácticas, en pocos meses, ha sido contaminado por la mano omnipresente de la corrupción. El famoso alcoholímetro ha salvado vidas, ha concientizado a muchos conductores que desconocen el riesgo de manejar bajo los influjos del alcohol y el daño que pueden causar a sus familias; tristemente el “gobierno de 10 delitos por día”, genera otra decepción.
