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A revisión por la Justicia Federal Programa de Inversión Anual (PIA) del Municipio de OPB

Chetumal, Quintana Roo. El Juzgado Federal Primero de Distrito con residencia en la Ciudad de Chetumal admite demanda de amparo promovido por comunidades de la zona limítrofe tales como Nuevo Paraíso, Los Ángeles y Dos Naciones.

Esto en razón que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco omitió integrarlos al Programa de Inversión Anual 2022 mismo que está diseñado para que el Municipio en el ámbito de su competencia garantice el acceso al goce y disfrute de los derechos humanos de los habitantes de las comunidades.

Los pobladores de las comunidades confían que al igual que sucedió con los amparos ganados por comunidades limítrofes para acceder al agua potable, podrán disponer de obra pública de competencia municipal.

Esto, luego que el Juzgado Federal Primero de Distrito con residencia en Chetumal admitiera los amparos con números 311 /2022 y 312 /22, dichas demandas se suman a los otros amparos que en días pasados admitiera el Juzgado Sexto de Distrito mismos que fueron solicitados por otras localidades de la zona limítrofe.

El asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz, manifestó que al ser excluidos las comunidades del Programa de Inversión Anual (PIA) el Ayuntamiento de Othón P. Blanco violenta los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de dichas localidades sin dejar de señalar que el PIA aprobado por unanimidad de los integrantes del Cabildo de Othón P. Blanco violenta los principios rectores del presupuesto establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto principios rectores establecen la máxima que rige la programación del presupuesto conforme a la justa distribución de los ingresos y la riqueza, así como el progreso compartido y al ser excluidas al redor de 50 de un total de 83 comunidades entre las ubicadas en la zona limítrofe y de la Ribera del Río Hondo, el Ayuntamiento dejó de cumplir con sus responsabilidades constitucionales al dejar de velar por el progreso compartido y la distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social por lo que confía que en el momento procesal oportuno la Justicia Federal ampare a los habitantes de las comunidades rurales.

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