Representantes de asociaciones civiles, empresarios y ejidatarios de la zona sur de Quintana Roo manifestaron su rechazo a la posible declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) para la Laguna de Bacalar, al considerar que esta medida afectaría la economía local y limitaría la participación de los habitantes en la toma de decisiones.
Entre los firmantes del posicionamiento se encuentran miembros de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur (AHCYS), Coparmex, Canirac, Amigos de Xul Há A.C., así como representantes de los ejidos Pedro A. de los Santos, Buenavista, Península, Santa Elena, Aarón Merino, Laguna Guerrero y Calderitas. Todos coincidieron en que lo que se requiere no es crear nuevas restricciones, sino aplicar los reglamentos ya existentes para lograr un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental.
“Durante años hemos insistido en que declarar ANP la Laguna de Bacalar sería inviable. No tiene sentido proteger una parte del sistema hidrológico sin considerar la alta cuenca y el desagüe natural”, señaló el biólogo e ingeniero forestal Hugo Galleti, con más de cuatro décadas de experiencia en el sector ambiental. Aclaró que la postura de los habitantes “no es antiambientalista”, sino una exigencia para construir un modelo de turismo de bajo impacto con consenso social.
Los inconformes argumentaron que un decreto de ANP podría centralizar las decisiones en instancias externas, desplazando a las comunidades que dependen del turismo y de las actividades productivas.
Quieren autorregulación local
En cambio, propusieron establecer un esquema de autorregulación local, con metas y plazos concretos para sanear y ordenar el sistema lagunar sin frenar el desarrollo económico del sur del estado.
“Estamos hablando de la gallina de los huevos de oro”, advirtió Nicanor Piña Ugalde, coordinador del Comité Bacalar Pueblo Mágico. “Desde el señor que vende paletas hasta los hoteleros viven del turismo; imponer nuevas restricciones acabaría con ese sustento”.
Los representantes entregarán a la gobernadora Mara Lezama un documento con fundamentos legales en el que solicitan una definición política “que garantice protección ambiental con prosperidad local”, en congruencia con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, explicó Josué Osmany Palomo, presidente de la Coparmex.
Por su parte, Héctor Peña, de la asociación Amigos de Xul Há, recordó que la población local ha sido la primera en organizarse para proteger la laguna mediante medidas como el uso de motores de cuatro tiempos, el fomento del transporte a vela y la regulación de la navegación. “Estamos a favor del medio ambiente, pero no de una imposición que nos deje fuera de las decisiones”, expresó.
En tanto, Roberto Salgado, del ejido La Península, señaló que la falta de coordinación entre dependencias ha propiciado irregularidades ambientales en el pasado. “Durante años se permitió el desmonte de la selva, y ahora se pretende imponer restricciones sin escuchar a los habitantes. Es momento de planear en conjunto”, apuntó.
Aprovechamiento sustentable, plantea Ibanqroo
Desde el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), su titular Javier Carballar Osorio defendió que la figura de ANP “no debe verse como una limitación al desarrollo, sino como un marco de aprovechamiento sustentable y conservación”.
Mientras tanto, los habitantes del sur insisten en abrir una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno para construir un modelo de protección que no excluya a quienes han sido los principales guardianes de la Laguna de Bacalar.
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