La elección de Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una mezcla de expectativas y preocupaciones entre las comunidades y organizaciones indígenas del país.
Bajo el lema: “Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca y activista mixe, se convierte en el segundo indígena en presidir la Corte, después de Juárez en 1858.
Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresan que, si bien Aguilar Ortiz cuenta con una trayectoria como defensor indígena y activista, su participación en la política y en instituciones del Estado ha estado marcada por la legitimación de megaproyectos que han despojado territorios y vulnerado derechos.
Desde su trabajo en el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI), ha sido señalado por apoyar consultas rápidas y cuestionables, que han servido para legitimar proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, en los que las comunidades han denunciado despojos violentos y falta de consentimiento libre.
Joaquín Galván, activista mixe, señala que Aguilar Ortiz ha operado en favor del Estado y de intereses económicos, en lugar de representar genuinamente a los pueblos originarios.
Además, se le acusa de haber enviado un cheque en blanco a una activista que denunció acoso sexual en el INPI, lo que alimenta las dudas sobre su autonomía y compromiso con los derechos de las comunidades.
Proceso electoral cuestionable
Diversos actores también cuestionan la legitimidad del proceso judicial que llevó a Aguilar Ortiz a la Corte, calificándolo como una simulación que favorece los intereses del gobierno y las élites económicas.
La elección ha sido vista como parte de una estrategia del Estado para colocar en cargos clave a personas que, aunque indígenas, actúan en función de los intereses del poder establecido, en lugar de defender los derechos colectivos.
Por otro lado, algunos sectores reconocen que la presencia de un magistrado indígena en la Corte puede abrir espacios para una justicia intercultural. Pero advierten que su historial y las alianzas que ha construido generan dudas sobre si actuará en defensa de los derechos de los pueblos originarios o si, por el contrario, continuará legitimando megaproyectos y despojos.
Temen que intereses de pueblos originarios sean moneda de cambio
En comunidades como las del Istmo de Tehuantepec, en Yucatán y en Morelos, la percepción es que Aguilar Ortiz representa una oportunidad para que los pueblos tengan voz en la justicia, pero también un riesgo de que sus intereses sean utilizados políticamente.
La vigilancia ciudadana y la presión social serán fundamentales para que su gestión no sirva para legitimar la imposición de proyectos que afectan sus territorios y formas de vida. (Con información de Proceso).
No es el único caso en el abuso de la bandera indígena por la 4T. Anahí González Hernández, primero fue designada por Morena como candidata a diputada federal en el sur de Quintana Roo, pese a que su domicilio estaba en la zona norte del estado e incluso, demostró que desconocimiento sobre los municipios que iba a representar en la Cámara de Diputados.
Luego, en la pasada elección federal para renovar la Cámara de Senadores, fue candidata por acción afirmativa indígena, pese a que ni sus apellidos ni su fisonomía -de piel blanca y ojos claros-, revelan rastros indígenas.
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