El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, hoy procurador de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, analizó el impacto que tienen las criptomonedas, que ya están siendo utilizadas para remesas por el crimen organizado y pueden ir a las campañas políticas.
Recapituló el trabajo que hizo para desbaratar a grandes bandas delictivas en su paso por el gobierno federal, invitado por AMLO.
Por Luciano Núñez
Santiago Nieto Castillo encabezó la más poderosa Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la que se tenga memoria en México.
Fue determinante en los casos de Romero Deshamps, la operación Agave Azul y Caribe, que involucró a empresarios y políticos de Quintana Roo, entre muchas otras, en el combate frontal a la delincuencia organizada, pero desde las entrañas financieras.
De repente fue cesado (al parecer en una disputa de grupos en el gabinete federal) y su derrotero ahora es Hidalgo, en la procuraduría de justicia, donde ya ha marcado la diferencia en la procuración de justicia.
Días atrás estuvo en Quintana Roo para presentar su libro Transparencia y Combate a la Corrupción, invitado por el Grupo Plural, integrado por los diputados Hugo Alday, Julián Ricalde, Ricardo Velazco y Guillermo Brahms. Siempre dispuesto a la charla, lúcido y frontal, aceptó una entrevista con Grupo Pirámide.
“Era importante dar un mensaje: se combate el lavado de dinero”
—¿Qué pasó con la poderosa UIF? De momento vimos que había tomado un protagonismo en el gobierno de AMLO, que había congelado muchas cuentas, y ahora no vemos mucho movimiento.
—Creo que son diferentes enfoques. El presidente López Obrador lo ha dicho, son dos estilos distintos. En el caso particular a mí me pedían ir mucho a la Mañanera, señalar los casos, denunciar. Y muchos casos fueron relevantes, por ejemplo, la denuncia contra Romero Deshamps que lo llevó a renunciar; la denuncia contra Medina Mora, que lo llevó a renunciar a ser ministro en la Suprema Corte; se pudo llevar el caso de Lozoya, actualmente preso, entre otros delitos por los temas vinculados con lavado de dinero.
El caso de Juan Collado, abogado importante de Peña Nieto y Salinas de Gortari; pudimos aportarle al Instituto Nacional Electoral la información respecto a México Libre, esa agrupación que quería Felipe Calderón convertir en partido político y eso llevó a la conclusión a la mayoría de los consejeros y consejeras de no darle el registro a Felipe Calderón y a Margarita Zavala con su partido. Eran muchos casos: la operación Zócalo, la operación Sinaloa, la operación Agave Azul, Caribe, fue mucho trabajo coordinado con la DEA y con el FBI, con la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, la de Quintana Roo, que nos permitió actuar. Respeto la decisión de cada persona, pero para nosotros era muy importante dar el mensaje de que México combatía el lavado de dinero.
—¿Hoy ese combate de da de otra forma?
—Sí, hay que entender que el combate al lavado de dinero tiene que ser de manera integral, por un lado hay una parte preventiva, de supervisión que realiza la Comisión Nacional Bancaria, el SAT; por otro lado, hay una parte proactiva que hace la UIF al presentar las denuncias, nos falta que la Fiscalía General de la República pueda aumentar el número de sentencias condenatorias, necesitamos un mayor decomiso de extensión de dominio de los bienes del delito.
Por ejemplo, Hidalgo es uno de los estados que aún no tiene regulado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual, realmente es un sinsentido, porque ello nos permitiría combatir la conducta en el ámbito local y federal y poder mejorar la calificación de México con estándares internacionales. Este año la UIF tendrá que presentar la Evaluación Nacional de Riesgo actualizada y estaremos esperando el informe de las actividades desarrolladas.
Criptomonedas y campañas electorales
—Me llamó la atención el tema de las criptomodenas, ¿cómo está ese tema, sobre todo ahora que empiezan las campañas, cómo es el modus operandi?
—Es un tema muy interesante. México reguló desde septiembre de 2018 las empresas Fintech y esas empresas tienen el pago en línea, la generación de activos virtuales, lo que conocemos como criptomonedas. Se tiene la obligación, las empresas de registrarse ante el SAT y ante la UIF, el SAT hace un proceso de verificación, y ellos, tienen que dar un aviso. Al principio, el aviso era por cada 50 mil pesos en criptomonedas cuando se obligaba a las empresas de criptomonedas a dar el aviso. Hay 23 empresas en México que se dedican a dar el servicio de activos virtuales y hay una empresa muy importante que, si bien es constituida por mexicanos, está radicada en Gibraltar, pero tiene una enorme operación. Hemos visto que 20% de las remesas que vienen al país están entrando por criptomonedas. Yo tengo una duda de si nuestros paisanos que van a trabajar realmente tendrán conocimiento de cómo opera una criptomoneda, tengo esa duda. Puede ser una explicación de que el narcotráfico haya encontrado esta vía para devolver los recursos después de las ventas de las drogas en Estados Unidos.
—¿Existe alguna manera de seguir ese rastro digital?
—Al final del día se trata de una trazabilidad, es una transferencia, hay un lugar de origen, hay un lugar de destino y hay una regla de viaje, tiene que haber una trazabilidad de cómo va el dinero de una transferencia a otra, por ejemplo lo que tenemos con el SPEI, pero el SPEI regula la transferencia de un dinero que es reconocido por parte del Estado, porque solamente El Salvador es el único país que ha reconocido las criptomonedas como de valor oficial, pero como la gente les otorga un valor, en el plano fáctico, se convierten en dinero y el problema es el traslado y la operatividad.
Criptomonedas: “una persona puede cargar en un USB, bajar el archivo y ese archivo materializarlo en papel moneda en cualquier parte del mundo”
—¿Existe una ruptura en la cadena digital?
—Tenemos que perfeccionar la regla de viaje, la regla del viajero, quién envía el dinero y quién lo recibe, porque ante la recepción una persona puede cargar en una memoria USB, bajar el archivo y ese archivo materializarlo en papel moneda en cualquier parte del mundo, o con eso puede pagar bienes en El Salvador y en algunos lugares de Estados Unidos y China.
—¿Eso cómo impacta en las elecciones?
—El problema para las campañas electorales es que de repente las personas lleguen con sus memorias USB de cualquier otro lado, lo materializan en dinero y ese dinero sirva para pagar campañas, para pagar espectaculares y no haya forma de rastrearlo. El problema se encuentra, no en la transferencia informática, sino cuando bajan el dinero en la memoria USB y lo materializan en cualquier otro lado. Tenemos que prever que los pagos no se den con criptomonedas.
—¿Hubo ya casos del estilo?
—Hay casos, como el de los hackers de Guanajuato, que podían meterse a los SPEI’s y mover 60 millones de pesos en pago de tarjetas, por ejemplo; tenían la habilidad técnica suficiente para meterle virus a los cajeros y que los cajeros expulsaran todo el dinero que tenían. Compraron Lamborghinis, Camaros, tenían 23 vehículos de alta gama y uno de los mecanismos de salida del dinero del país era por criptomonedas. Tenemos el caso de “El Soni” detenido en Playa del Carmen, el líder del Zona Divas, uno parte de los recursos mandaba a Estados Unidos y a Panamá y otra parte servía para la compra de criptomonedas.
Tuvimos el caso de nigerianos con Omar García Harfuch, en donde detuvimos a una banda que extorsionaba a mexicanos, que también desviaba el recurso de Estados Unidos a México y de México a Nigeria a partir de fraudes en las redes con los correos electrónicos. Aparte de la compra de joyas, de la transferencia internacional y de la compra de vehículos de alta gama y departamentos de lujo en la Ciudad de México, otra de las cosas en donde invertían el dinero era en las criptomonedas. Son una realidad.
“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores debería supervisar a las criptomonedas”
—Las criptomnedas se compran únicamente por transferencia bancaria. ¿Hay un origen de la compra de esa criptomoneda?
—Hay un origen, hay un destino, pero hay países que no han regulado la forma. En México si una empresa de criptomonedas hace una transferencia, tiene que darle aviso a la UIF, pero hay países en donde no, entonces hay una mayor liberalidad de recursos y el problema está en cómo acreditar, por ejemplo, si yo voy a comprar una criptomoneda, tendrá un costo el aviso en 600 mil pesos, se avisa que se compró y el problema es dónde está el origen de ese dinero. Después el dinero se saca de otro lado y el problema es cuál es el destino de esos recursos. Es un proceso complejo, soy de la idea que el SAT no debería supervisar las criptomonedas, es algo más parecido a la transferencia, más bancaria, tendría que ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Creo que debemos reflexionar de los impactos, México siempre se ha negado a darle valor jurídico a las criptomonedas, pero lo cierto es que es algo que opera, es una mecánica de pago que ya existe y que sería terrible cerrar los ojos ante esa realidad.
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