Por Ignacio Alonso Velasco
Salvo en Coahuila, Hidalgo y Veracruz, el periodo de gobierno de los ayuntamientos en México es de tres años, a pesar de que dicha disposición no aparece en la Constitución federal, sino en las constituciones estatales.
¿Por qué no tienen igual promedio de tiempo de ejercicio del poder los tres niveles u órdenes de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal? Los dos primeros, la presidencia y la gubernatura duran seis años, mientras que el municipio es ejercido por el presidente y su ayuntamiento solo por tres.
Los congresos locales tienen la facultad de decidir el periodo de sus ayuntamientos, sin que para ello se requiera una reforma al artículo 115 constitucional. Prueba de lo anterior es que de 1917 a la fecha los estados han modificado el periodo de sus ayuntamientos. En los años posteriores al Congreso Constituyente de 1917 el periodo del gobierno municipal variaba entre uno y dos años con la posibilidad de la reelección en algunos de los estados.
Con los años se amplió el periodo de gobierno a tres años. Probablemente influyó en esta decisión el impedimento de la reelección inmediata y la ampliación del mandato de dos a tres años de los diputados federales y de cuatro a seis años de los senadores en 1933, y posteriormente la extensión del periodo de los gobernadores de cuatro a seis años en 1943.
En vista de lo anterior, tal parece que la tendencia ha sido aumentar el periodo de gobierno de los ayuntamientos, que en el pasado era de dos años, actualmente de tres y proponiéndose que en el futuro sean de cuatro años, medida que dificultaría que coincidieran las elecciones municipales con el resto, por lo que no se podrían recortar gastos electorales, como pretenden las reglas electorales.
Es importante señalar que, en la actualidad, en casi todos los estados de la República la elección de diputados locales, ayuntamientos y gobernadores (cada seis años) se realiza simultáneamente. El costo de crear un proceso electoral especial para llevar a cabo las elecciones municipales es muy alto, lo mismo en términos financieros, de logística, que humanos; esfuerzo que, por lo demás, no se compensa con la extensión del periodo de gobierno por un año más, ya que no implica un tiempo considerable para garantizar la continuidad en las políticas promovidas desde el gobierno municipal.
La presidencia de la República y muchos ciudadanos ven con desconfianza la reelección de alcaldes y sus ayuntamientos porque consideran que esto puede generar una especie de pequeña dictadura, más que ser una especie de evaluación y reconocimiento del desempeño de los funcionarios. Sin embargo, en otros países, como España, Portugal, Estados Unidos o Inglaterra, es bien vista la reelección y es percibida como compromiso de buen gobierno, garantía de estabilidad.
Desde la reforma constitucional del 2014 que permitió la reelección inmediata de ayuntamientos, dice Galán (2018) que hay pruebas de que los funcionarios con posibilidad de reelegirse han mostrado menos tendencia a la corrupción en comparación con aquellos que no podían hacerlo, con el propósito de mejorar la administración gubernamental.
Sin embargo, al haber sido aprobada la iniciativa de ley presentada por la presidenta de México ante el Congreso de la Unión, se perderá la posibilidad de una reelección limitada en los ayuntamientos, por un único periodo inmediato posterior, a partir del 2030. El ciudadano ya no podrá evaluar el desempeño de sus autoridades municipales, las cuales ya no contarían con la posibilidad de disfrutar un periodo de mandato similar a las otras instancias de gobierno que le son superiores, como son el gobierno del estado y la presidencia.
Dado el panorama político mexicano, era de prever que la propuesta de reforma constitucional de Claudia Sheinbaum fuera aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Por lo que, a partir del 2030, ya no habrá la posibilidad de reelección inmediata de autoridades municipales. Esto traerá muchas consecuencias que tratarán de compensar esa prohibición, ¿decidirán las entidades federativas ampliar los periodos de gobierno de sus municipios?
El debate de fondo permanece vigente: ¿debe la democracia priorizar la alternancia obligatoria o la posibilidad de continuidad sujeta al juicio electoral? La respuesta, como revela la experiencia mexicana, no es unívoca y refleja la tensión permanente entre el miedo al autoritarismo y la necesidad de gobiernos locales eficaces y responsables.
