Por Ignacio Alonso Velasco
De manera inédita, el gobierno de Quintana Roo realizará este próximo domingo 9 de julio un primer foro de consulta ciudadana en la localidad de San Antonio Soda, auspiciado por el valioso gestor social Andrés Blanco Cruz, oriundo de dicha localidad.
Este será un excelente ejercicio de participación ciudadana en el que los pobladores de la olvidada zona limítrofe de Quintana Roo y Campeche podrán expresar qué quieren para su región y cuál es el objetivo primordial al que se deben enfocar los esfuerzos que llevará a cabo el actual gobierno quintanarroense y los sucesivos para lograr hacer realidad ese plan de futuro de esta zona bajo indeterminación jurisdiccional.
En el actual Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, impulsado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se contempla en su página 568 un Programa Regional para el Desarrollo de las Zonas Limítrofes, dentro del Eje 4.- Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable.
A pesar de que dicho eje no es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, su titular, Cristina Torres Gómez, es quien está abanderando y organizando este foro de consulta que nunca se había realizado en administraciones pasadas, como si no fuera importante conocer de primera mano, de quienes sufren las consecuencias de estar viviendo en una zona bajo controversia constitucional, qué es lo que quieren para su tierra.
Como señala mi respetado maestro, especialista en desarrollo territorial, Alain Jorda, por medio de este proceso participativo se hará realidad lo que se conoce como inteligencia territorial, lo que generará innovación territorial.
Esto se logra conjugando el talento local y la participación global. Solo de esta forma se puede alcanzar el mejor proyecto posible, por medio de su apropiación por parte de todos sus actores. Precisamente sobre este asunto trata mi nuevo libro titulado: “Gobernanza e inteligencia territorial para resolver conflictos limítrofes. El caso de la Península de Yucatán”, el cual animo a leer.
Una vez realizado este fundamental ejercicio de participación ciudadana, será el momento de ponerse a trabajar sobre las propuestas recabadas. Llegará la oportunidad para que los actores económicos, sociales, de ordenamiento territorial y académicos, entre otros, podamos involucrarnos en el diseño de las políticas públicas que sean adecuadas para hacer realidad el desarrollo territorial de la zona limítrofe por medio del Programa Regional previsto en el actual plan de gobierno.
Conforme a los resultados recabados de mi investigación, existen un total de 71 localidades afectadas por el conflicto limítrofe de la Península de Yucatán, de las cuales 16 se disputan Quintana Roo y Yucatán y el resto, 55, se las pelean Quintana Roo y Campeche. A pesar de que estas dos últimas entidades tienen más poblaciones bajo indeterminación jurisdiccional, en ellas tan solo viven 22 mil 351 habitantes, mientras que en la zona afectada por la actual controversia constitucional que enfrenta a Yucatán con Quintana Roo, por un total de 5 mil 400 km2, habitan 38 mil 491 personas. Por lo que el total de población que vive en la zona bajo indeterminación jurisdiccional es de 60 mil 842. Es por ello que a este primer foro le deben seguir otros, más al norte de la franja en disputa, para poder dotar a todo ese territorio, de 10 mil 200 km 2, de un marco estratégico en el que se encuentren todos los actores locales alineados.
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