Por Nicolás Durán de la Sierra
Las reformas que se pretenden tanto a las leyes para la reforma del INE, protestadas en todo el país con regular éxito de propaganda, como la recién enviada al congreso estatal por la gobernadora Mara Lezama, que busca la reducción de los costos del propio congreso y del poder judicial estatal, tienen una meta común: reducir el alto costo del gobierno en favor del beneficio social.
La idea en los dos casos y salvando la diferencia de los montos, busca utilizar el dinero ahorrado en programas y proyectos de beneficio público, norte en la brújula de ambos gobiernos, además de sentar un precedente de justicia social: la austeridad es para todos, sin islas de poder, como hasta ahora el INE, el congreso, el poder judicial estatal y sus organismos descentralizados.
Para esto, desde luego, se necesita modificar leyes pues con el entramado jurídico vigente no es posible llegar a tal meta, y de allí las reformas constitucionales.
No es ni será algo sencillo y rápido, pues ambos casos no son pocos los intereses en juego, pues los poderes judicial y legislativo se habían vuelto reales cotos de poder; no será fácil, pero sí necesario.
En el caso del Estado, la iniciativa que la gobernadora envió al congreso, una iniciativa perfilada ya desde su campaña política, en lo local no tendrá obstáculos, ya que la legislatura es afín a ella, pero tanto diputados de Morena como los del partido Verde tendrán que vigilar que la reducción presupuestal no afecte la operatividad, lo que no se antoja fácil en el caso del poder judicial.
No sobra anotar que esta iniciativa se encuadra dentro del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo, que como se dijo, perfiló durante su campaña política, un acuerdo que en lo esencial busca regenerar el tejido social del Estado.
No será sencillo, pues se tocarán intereses, pero el necesario. La austeridad republicana va para todos los sectores, sin islas doradas.
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