Por Ignacio Alonso Velasco
El pasado 6 de julio fui notificado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) de la buena noticia de que resolvió a favor mío un recurso de revisión que interpuse en contra de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo (CJPE) al no recibir yo respuesta alguna a una solicitud de información que le formulé el 4 de octubre del año pasado.
Les explico que la CJPE tiene entre sus encomiendas la de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos jurídicos de nuestro gobernador.
Cargando...
Recargar el documento 
Abrir en una nueva pestaña Es tan importante esta dependencia que es la encargada de la defensa de los intereses de Quintana Roo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la actual controversia constitucional 226/2019 contra Yucatán, por el tema del conflicto de límites territoriales.
Es por ello que le solicité, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un informe que contuviera las acciones que ha realizado en el marco de dicha controversia. Jamás contestó y ni siquiera alegó nada en su defensa en el trámite de audiencia ante el IDAIPQROO.
Es por ello que los tres comisionados de este Instituto, encargado de la transparencia en Quintana Roo, le han dado un plazo de 10 días hábiles a la CJPE para que me dé respuesta y haga entrega de la información que le solicité hace ya 9 meses.
De lo contrario el servidor público responsable sería sujeto a una amonestación pública, como medida de apremio.
Debo confesarles que soy un romántico de los que aún piensan en que la gobernanza es la única forma de mejorar nuestro entorno, es decir, por medio del involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Y para ello son indispensables los temas de la participación ciudadana y el acceso a la información pública.
Hay que seguir luchando por lograr contar con unas instituciones abiertas al pueblo.
En este sentido, me considero un activista del acceso a la información que parto de la idea de que ésta se produce con el dinero de nuestros impuestos y, por lo tanto, debe ser de propiedad pública y debe ponerse a nuestra disposición sin restricciones.
A medida que los organismos públicos respondan a las preguntas que hacemos las personas y publiquen de manera proactiva la información que crean, los ciudadanos podremos ver, comprender y analizar mejor el funcionamiento de dichos organismos que financiamos.
El acceso a la información considero que es una necesidad para una participación efectiva en la vida pública; una herramienta para corregir el gran desequilibrio que hay entre las personas y las poderosas instituciones que nos gobiernan.
Por supuesto que mi idealismo muchas veces se ha visto decepcionado ante instituciones que no han estado a la altura y esto había hecho que perdiera un poco mi confianza en las instituciones de transparencia.
No obstante, con la resolución del IDAIPQROO que aquí les comparto he vuelto a creer en que la vía institucional es la única para poder ir avanzando hacia un mejor estado de derecho.
Me despido dejándole algunas preguntas en el aire ¿por qué la CJPE no quiere decirnos qué ha hecho durante la controversia constitucional?, ¿acaso teme evidenciar que no hizo bien su trabajo defendiendo el territorio quintanarroense?, ¿dará cumplimiento a la resolución del IDAIPQROO o seguirá siendo omisa a sus obligaciones de transparencia?
Te puede interesar Opinión | Histórico: Ayuntamiento de OPB, a favor de los mexicanos naturalizados | Por Ignacio Alonso Velasco
