Por Ignacio Alonso Velasco
Esta semana salió a la luz pública el actuar negligente de diversas instituciones quintanarroenses implicadas en la disputa territorial que mantiene la entidad caribeña con sus vecinos peninsulares.
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El representante jurídico de varias comunidades, localizadas en la zona bajo indeterminación jurisdiccional, Andrés Blanco Cruz, denunció que tanto la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Quintana Roo como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la misma entidad no acudieron a diferentes audiencias a las que estaban citadas.
Controversia constitucional 226/2019
Lo cual, entorpece los esfuerzos que el abogado está llevando a cabo para poder dotar de agua potable a diversas localidades y también frustra el supuesto interés que tiene nuestro gobernante en la defensa del territorio en la controversia constitucional 226/2019 en curso.
Desinterés de la Consejería Jurídica, algo repetitivo
Este desinterés de la Consejería jurídica no es nuevo, ya que ha resultado ser algo repetitivo en pasadas administraciones, como cuando en el año 2014 su inacción provocó el desechamiento de la controversia constitucional que tenía interpuesta Quintana Roo y, por consecuencia, el asunto fue total y definitivamente concluido.
Esto que está sucediendo ya lo vaticiné hace dos años cuando publiqué la columna titulada: “Yucatán metió controversia contra Quintana Roo por límites territoriales, ¿qué harán los poderes del Estado?” , publicada el 31 de julio del 2019 por Grupo Pirámide.
La experiencia ha demostrado que este conflicto de límites territoriales nunca se va a resolver por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, nunca lo ha hecho con respecto al problema que existe en la Península de Yucatán y otros que hay en el país, como son los conflictos entre Jalisco y Colima o entre Oaxaca con Chiapas.
La instrucción es siempre la misma, no dictar sentencia a favor de ninguno de los contendientes
La otra posible vía para resolver ese asunto de disputa territorial sería la amistosa, es decir, que los gobernantes en turno se pusieran de acuerdo sobre la delimitación de sus respectivos territorios, lo cual también se ha intentado sin éxito por falta de madurez política.
Estoy convencido de que la solución no va a venir del ámbito federal o estatal, sino que se encuentra en el municipal, desde abajo.
Cada vez estoy más convencido de que la mejor forma de atender a esa pobre gente que vive entre dos tierras es la asociación intermunicipal.
Se trata de una figura jurídica regulada tanto en la Constitución Federal como en la local de Quintana Roo, artículos 115 y 131, respectivamente, así como en el Título Duodécimo de nuestra Ley de los Municipios.
Las bases legales están ahí, ahora lo que falta es la voluntad política para llevarlo a cabo
Es necesario que nuestras autoridades entiendan que los habitantes de la zona limítrofe deben ser atendidos en sus necesidades porque, más allá de si son quintanarroenses, campechanos o yucatecos, son mexicanos y personas con derechos humanos que deben ser protegidos, como lo es el del acceso al agua.
La mejor forma de llevarles los servicios es de manera conjunta, pues la unión hace la fuerza
Es por ello que conmino a las autoridades implicadas en el conflicto limítrofe a que trabajen por el bien del pueblo y se dejen de simulaciones.
Si quiere conocer más sobre este conflicto y su posible solución, le invito a conseguir el libro que he publicado sobre ello, el cual puede conseguir en este link.
