El pasado fin de semana una mujer denunció públicamente en sus redes sociales que no procedió una denuncia que intentó interponer, por presunta violación, y dejó entrever que hay «influyentismo» para que no proceda, dado que señaló como presunto responsable a un servidor público del gobierno estatal.

Apenas el 1 por ciento de las denuncias se judicializa, y el resto, queda en el mar de los rezagos administrativos conformado por miles de carpetas.

Por Luciano Núñez

Ser mujer y vivir en Quintana Roo parece ya un acto de valentía. El estado de sol y playas es uno de los que presenta los peores indicadores en cuanto a violencia sexual. Según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ocupa tres deshonrosos primeros lugares, con corte diciembre de 2022: en víctimas de homicidio culposo, corrupción de menores y en presuntos delitos de violación, todos por cada 100 mil habitantes. Y un cuarto lugar en llamadas de emergencia relacionadas con abuso sexual. Y el peor dato es el que surgió de la comparecencia del Fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, ante el Congreso del Estado: sólo el 1 por ciento de todas las carpetas de investigación llegan a judicializarse o a la reparación del daño. Es decir: casi la totalidad de las denuncias van a parar a la nada que es nada menos que la falta de justicia.

Graves denuncias sin eco en Fiscalía

El pasado fin de semana llegó a la redacción de Grupo Pirámide una denuncia pública sobre una presunta violación, y lo más grave del caso es que la mujer reclama una situación que, no sólo la revictimiza, sino que vuelve a poner en el ojo de las críticas a la Fiscalía: no la dejaron interponer la denuncia contra el agresor, quien forma parte del gobierno del estado.

No se trata de un caso aislado. Recientemente una mujer extranjera denunció públicamente que le pidieron dinero a cambio de emitir la alerta Amber para que pudiera buscar a su hija y, como no accedió, tuvo que acudir a los medios de comunicación y redes sociales para visibilizar la situación.

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Inmediatamente la gobernadora, Mara Lezama, tuvo que salir a dar la cara y el caso tuvo una pronta resolución: la recuperación de la menor. Sin embargo, la Fiscalía es –o debería- ser un órgano independiente que procure justicia para los ciudadanos, sin importar la condición socioeconómica, racial o de género. No existe tal cosa a la luz de los casos.

La ex candidata a la gubernatura del PRI, Leslie Hendriks, denunció hace dos semanas públicamente violencia intrafamiliar y la Fiscalía no ha salido ni a decir aquí estamos ni existimos. Y no hay que ir tan lejos. Quien escribe esta columna interpuso una queja por amenazas hace tres años. Hubo pruebas psicológicas y peritajes para que, meses después, la carpeta de investigación desapareciera como por arte de magia. Así como lo lee: desaparecida. ¿Quién puede entonces confiar así en la justicia?

Los indicadores del horror

El año pasado hubo 947 feminicidios en México, con focos en rojo en el Estado de México y Monterrey, donde ocurrieron 138 y 102. Quintana Roo, con 14 casos el año pasado, hace que por cada 100 mil habitantes supere la media nacional, que es de 1.43 y llegue a un índice de 1.57.

Quintana Roo presenta tres situaciones para analizar a fondo:

1) Las cifras están en números rojos

2) Existen quejas y graves señalamientos a la hora de interponer una denuncia o queja, de las cuales, sólo el 1 por ciento llega a judicializarse.

3) Y lo peor: las denuncias pueden toparse con el influyentismo o el amiguismo.

Calamitoso panorama.

Agresiones sexuales

Lo más alarmante son los números oficiales: de los más de 51 mil presuntos delitos en Quintana Roo el año pasado, 2 mil 832 fueron contra la libertad y la seguridad sexual, de los cuales, 1206, fueron abusos sexuales y 792 violaciones simples. Poco más del cinco por ciento del total de los delitos registrados está vinculado a este tipo de agresión sexual.

Extrañamente la comparecencia del Fiscal ante el Congreso no se encuentra en línea, por razones técnicas al parecer, y no se sabe qué argumentó al respecto de los indicadores que encienden focos rojos por todos lados, incluso el INEGI contabilizó que más del 80 por ciento de la población se siente insegura. Las mujeres que se animaron a marchar el triste 9N de 2020 fueron apaleadas y baleadas y han vivido un calvario para obtener justicia y una justa reparación del daño. De ese tamaño es el atropello.

Es a todas luces evidente es que algo no funciona: o las estrategias o los responsables en la prevención y consecución de justicia, sobre todo, para las mujeres de Quintana Roo. Así, habrá otro 8 de marzo para visibilizar lo que está a plena luz de las estadísticas.

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* Luciano Núñez Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado en géneros periodísticos en La Salle, Cancún, e Historia de Quintana Roo en la Universidad del Caribe y Sociedad Andrés Quintana Roo. 

Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven, Tan Lejos y Otra Vez en Casa y la novela Magnificens Cancún, editada por Miguel Ángel Porrúa. 

Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.  

Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.

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